Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno trabaja todos los días para erradicar la violencia y evitar homicidios como el de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada que fue secuestrada en Álamo Temapache, Veracruz, y posteriormente hallada sin vida. Desde Palacio Nacional, la mandataria lamentó lo ocurrido y subrayó que cualquier forma de muerte violenta, directa o indirecta, es inaceptable en el país.
Sheinbaum respaldó públicamente a la gobernadora Rocío Nahle, quien ha estado al frente del caso en Veracruz. Reiteró que la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad local han actuado con celeridad y que ya se tienen personas detenidas que podrían aportar datos clave para esclarecer lo sucedido. Señaló que será el gabinete de seguridad quien informe a fondo sobre el caso, con base en las investigaciones en curso.
Desde el primer momento, el gobierno federal se ha mantenido al tanto del caso y ha seguido la evolución de los operativos realizados en coordinación con fuerzas federales y estatales. La presidenta consideró que el caso de Irma Hernández debe entenderse como reflejo de una problemática más amplia: la violencia que enfrentan trabajadores del transporte público ante la extorsión de grupos delictivos.
En medio del debate sobre las causas del fallecimiento, Sheinbaum optó por no centrarse en las versiones enfrentadas y recalcó que, más allá de si la muerte fue producto de un infarto o de una agresión directa, lo esencial es atender las condiciones que la provocaron. En este sentido, reiteró que la violencia no puede ser normalizada y que su gobierno tiene el compromiso de garantizar la seguridad para todas las personas, en todos los estados.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, ha señalado que la maestra falleció por un infarto derivado del estrés extremo que sufrió durante su secuestro. La Fiscalía del estado detuvo a tres personas presuntamente involucradas en el crimen y busca a un cuarto sospechoso. Nahle también ha denunciado ataques mediáticos tras dar a conocer la causa de muerte establecida por los forenses.
El gobierno federal mantiene comunicación directa con autoridades estatales y ha reiterado que no habrá impunidad.
