La presente será una semana de mucha tensión, toda vez que el próximo viernes vence la prórroga de tres meses que fijó el presidente Donald Trump para la entrada en vigor de un arancel de 30 por ciento a los productos mexicanos, pero también la aplicación de un gravamen de 17 por ciento al jitomate nacional.
Y quien se encuentra liderando las negociaciones con sus contrapartes estadounidenses es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien desde su llegada a esa cartera, ha pasado la mayor parte del tiempo en la Unión Americana, tratando de desactivar las amenazas comerciales que vienen desde la Casa Blanca.
El reloj avanza y sólo restan 72 horas para saber si el Gobierno de México llegó a un acuerdo con la administración Trump, para evitar la entrada en vigor de los aranceles, o si estas tarifas se impondrán a partir del primer minuto del 1 de agosto, lo que provocaría un fuerte golpe a la economía nacional.
Y es que, de acuerdo al análisis que hacen expertos en la materia, la nueva política comercial de Estados Unidos pone a la economía mexicana en un escenario incierto y sombrío, pues se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) se estanque en este 2025, afectando la inversión y las exportaciones.
Los nubarrones que penden sobre México se hacen cada vez más negros después de las declaraciones del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, a Fox News, en el sentido de que no habrá prorroga, ni más periodos de gracia; por lo que la fecha límite para la imposición de las cuotas es el viernes próximo.
Sólo un milagro nos podría librar de los aranceles estadounidenses, y en las próximas horas saldremos de la duda.
DATOS SOBRE LA OPERACIÓN LIBERACIÓN
Buenos resultados arrojó la denominada operación Liberación, cuyo objetivo era terminar con las extorsiones que un grupo ligado a La Familia Michoacana realizaba en 14 municipios del sur del Estado de México, mediante el control del precio de la carne y el pollo, así como de la venta de materiales para construcción.
En el operativo en que participaron, de manera coordinada, fuerzas federales, estatales y locales, se logró la detención de ocho personas, sobre quienes pesan delitos que van desde la extorsión agravada, hasta el secuestro exprés con fines de extorsión.
Con base en un gran número de pruebas la Fiscalía General de Justicia mexiquense obtuvo la vinculación a proceso de siete detenidos, a quienes se les ratificó como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer privados de su libertad durante su proceso penal.
Entre los imputados se encuentra Gonzalo N, quien era el único autorizado para vender materiales de construcción en la zona de Valle de Bravo; Jorge N, presunto proveedor de madererías; Antonio N, encargado de la distribución y venta de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán; y Yareli N, tercera regidora en Ixtapan de la Sal, señalada por su probable participación en el delito de secuestro exprés.
Sin duda, se trata de un fuerte golpe al crimen organizado, pero las autoridades federales van por más.
@JuanMDeAnda
