Las noticias sobre amenazas, secuestros o asesinato de funcionarios públicos o políticos en México no necesariamente ocupa las primeras planas en los medios de comunicación y no porque se pierda el interés sino porque pareciera que es imposible mantener una cobertura de forma tan frecuente.
Quizá esta es la razón por la que estamos perdiendo el foco de dónde están las verdaderas amenazas para los servidores públicos. Y quizá por eso creció la idea de que la vigilancia ciudadana es una de ellas.
Según el reporte sobre violencia política publicado por Integralia, en el primer semestre de 2025 ocurrieron 253 hechos de violencia. De esos, 112 fueron asesinatos.
Según Integralia, la violencia política se presenta cuando una organización criminal busca ejercer cualquier tipo de presión sobre las personas o las instituciones públicas para lograr tener operación en ciertas regiones.
Es decir —esto lo digo yo— que los números en los reportes son la mano de los grupos delictivos tratando de incidir en las decisiones del Estado.
El documento de Integralia destaca una disminución. La llama “coyuntural” y esto es debido a que hubo un decremento de 59.2 por ciento si comparamos el número de incidentes que hubo en el mismo periodo de 2024.
La consultora explica que se debe al volumen y la relevancia de los cargos por los que se compitió en el pasado proceso electoral.
Lo que me pareció preocupante es que 253 hechos de violencia, que incluyen además de los asesinatos, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y 74 amenazas terminen siendo una especie de buena noticia porque los números son más bajos que otros años.
Si pensamos en el número de personas que afecta y la dimensión del poder que se está ejerciendo sobre los funcionarios públicos, el tema debería ser mucho más preocupante. El grueso de las presiones se da a nivel municipal, 79 por ciento fueron esos cargos. Es decir, aquellos que están más cerca de las personas, aquellos que resuelven la vida cotidiana, que las ciudades funcionen.
Si bien los incidentes hablan de una temporalidad electoral, también se lee que Guerrero, Morelos y Oaxaca no tuvieron elecciones, pero aún así los casos de violencia estaban presentes. Es decir que los factores tienen todo que ver con los intereses de los grupos del crimen organizado y poco sobre las acciones de la autoridad para contenerlos.
Y con estas cifras viene la duda genuina, ¿cómo hacemos para demandar más castigo a quienes verdaderamente ejercen violencia? ¿Cómo hacemos para dejar de enfocar las baterías en los casos donde se pelea con esa delgada línea que constituye una censura?
Estas semanas acumulamos casos donde autoridades de Campeche, Puebla, Tamaulipas y Acapulco, integrantes del Congreso o candidatos al Poder Judicial enfocaron sus baterías legales para pedir a los periodistas o a la sociedad civil que dejaran de hablar de ciertos temas. Creo que debemos concentrarnos en las verdaderas amenazas y estas no están en la vigilancia ciudadana.
@Micmoya
