Por Miguel García Conejo
El “Operativo Liberación”, ejecutado de manera coordinada por autoridades federales y estatales la semana pasada, fue un golpe en la mesa para poner fin a una de las prácticas más dolorosas para las familias, como lo es el delito de la extorsión.
Pese a los anuncios rimbombantes, en cuanto a la recuperación de predios en manos de las criminales, las detenciones, prácticamente nulas, para una acción de este tipo es risible, es imposible pensar que sólo una célula delictiva haya tenido el control operativo y de fuerza armada para controlar las actividades comerciales de hasta 17, municipios en el sur del Estado.
Si bien es de aplaudirse el operativo, llevada a cabo, vale preguntarse el momento en el que llega.
Durante los últimos dos años, las voces entre las familias eran en torno a la aparición de este delito, que se manifestaba de forma violenta en sus bolsillos con precios estratosféricos en su traslado, construcción y esta alimentación.
Para muchas familias del sur del Estado de México, la vida de provincia ya no existía y era igual de cara como si se viviera en la capital, muchos, incluso, tenían que recurrir a comprar despensa, fuera de sus comunidades para escapar de esos precios exorbitantes que golpeaban el comercio local y hacían la vida imposible.
Este operativo debe ser un antes y un después, para que no vuelvan a aparecer estas prácticas.
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