Por Eduardo López Betancourt
En México, el término huachicol se utiliza para referirse al robo y venta ilegal de combustible, principalmente gasolina y diésel, extraído de los ductos de PEMEX. También se aplica a las bebidas alcohólicas adulteradas, especialmente las elaboradas con alcohol de caña.
El tema es tan claro como lamentable. Los ductos de PEMEX están expuestos a una red criminal que comenzó de forma moderada, pero que hoy representa un problema grave y sostenido, con consecuencias económicas directas para la compañía y, por ende, para el país.
PEMEX tiene una historia cargada de simbolismo y heroísmo. Basta recordar al general Lázaro Cárdenas del Río, sin duda uno de los mejores presidentes de México, quien, en un acto de valentía y dignidad, nacionalizó el petróleo, devolviéndole a la nación uno de sus recursos más valiosos. A partir de ese momento, se generó una derrama económica que benefició a todos y marcó un hito en el desarrollo industrial del país.
Sin embargo, ese sueño nacional se fue diluyendo con el paso de los años. Gobernantes sin escrúpulos convirtieron el petróleo en su negocio personal, extrayendo recursos con total impunidad hasta llevar a PEMEX al borde de la quiebra. En ese contexto, el huachicol cobró un papel cada vez más relevante.
Lo más preocupante es que se ha documentado que parte de ese combustible robado termina siendo adquirido por el propio gobierno, lo cual impide cualquier solución real al problema. A esto se suma la protección que algunas autoridades brindan a los delincuentes. Tal es el caso de Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, a quien se le grabaron conversaciones en las que aseguraba realizar pagos a funcionarios de la Secretaría de Marina y de la entonces PGR, a cambio de ser advertido sobre posibles cateos en propiedades donde almacenaba el combustible robado.
La situación es verdaderamente alarmante. Desde cualquier ángulo que se observe, el problema del huachicol es un delito federal que debería ser atendido con firmeza por la FGR. Sin embargo, esta institución parece haber renunciado a su responsabilidad. Se ha convertido en un búnker inaccesible, más interesado en fabricar delitos y perseguir a supuestos enemigos del titular que en combatir verdaderamente al crimen organizado.
Mientras el Estado no actúe con seriedad, transparencia y justicia, el huachicol seguirá drenando no solo los ductos de PEMEX, sino también la confianza ciudadana y el patrimonio nacional.
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