El salvadoreño Kilmar Armando Ábrego García, de 29 años, deportado por error y acusado sin pruebas sólidas de pertenecer a la MS-13, quedó protegido por dos decisiones judiciales que desactivaron —al menos temporalmente— la amenaza de una nueva expulsión desde Estados Unidos.
En cuestión de minutos, un juez federal de Tennessee ordenó su liberación bajo fianza mientras se resuelve un juicio por presunto tráfico de migrantes, y una jueza de Maryland impidió que agentes migratorios lo detuvieran inmediatamente al salir.
Ábrego quedó expulsado a El Salvador en marzo, como parte de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la migración irregular, y enviado a una prisión para pandilleros.
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Meses después, tras una orden judicial, quedó devuelto a Estados Unidos y acusado formalmente en Nashville. Sin embargo, los jueces han cuestionado la legalidad del proceso y la solidez de las pruebas.
El magistrado Waverly Crenshaw señaló la falta de evidencia que vincule a Ábrego con pandillas. “No hay tatuajes, confesiones ni testimonios creíbles que respalden esa narrativa”, escribió. También dudó del testigo clave, un contrabandista con antecedentes cuestionables.
Prohíben al ICE arresto de Kilmar Ábrego
Simultáneamente, la jueza Paula Xinis prohibió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestarlo de inmediato, ordenó restituir su estatus legal previo a la deportación y exigió que cualquier intento futuro de expulsión se notifique con al menos tres días de antelación.
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La defensa de Ábrego ha acusado al Departamento de Justicia de dilación y desobediencia. Incluso Xinis reprochó que el gobierno lo haya devuelto al país “en secreto y sin aviso”, como cuando fue deportado.
Este caso simboliza el choque entre los tribunales y la política migratoria del trumpismo, marcada por acusaciones amplias, detenciones arbitrarias y errores administrativos con consecuencias humanas. Se desconoce la fecha exacta en que Kilmar Ábrego quedará en libertad.
