La Casa Blanca refuerza su discurso antimigrante con dos acciones que mezclan burocracia intimidante y denuncia ciudadana: cartas de expulsión enviadas a menores y un llamado oficial a denunciar a exparejas indocumentadas. Ambas medidas prueban la estrategia republicana basada en el miedo y la intimidación.
El medio Chicago Tribune reveló que una docena de niños en Illinois recibió misivas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con una orden tajante: “abandone Estados Unidos de inmediato”.
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Las cartas revocan la admisión humanitaria concedida a menores que cruzaron solos la frontera para reunirse con familiares y cierran la puerta a cualquier audiencia migratoria. El remate no deja margen: “Si permanece, el Gobierno Federal lo encontrará”.
Defensores denuncian un viraje punitivo. Sólo en abril los tribunales dictaron más de ocho mil 300 deportaciones contra menores de once años, el récord mensual desde que hay registro. El recorte de fondos para asistencia legal infantil —de momento frenado por una demanda— agrava el panorama: muchos jóvenes deberán enfrentar solos al juez o regresar por su cuenta.
Señalamiento cruel
Por su parte, en Florida, el fiscal general James Uthmeier invitó en X a reportar a cualquier expareja irregular, alardeando del caso de un agresor cuya visa vencida lo puso “en fila para su deportación”.
El DHS impulsó también la línea de denuncias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que recibe 15 mil llamadas cada mes. “De abusador doméstico a perdedor deportado”, ironizó la dependencia.
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Uthmeier, aliado de Donald Trump, impulsó además el centro de detención “Alligator Alcatraz”, inaugurado el 3 de julio y que ya ronda el millar de internados. Su táctica convierte el despecho en herramienta migratoria y traslada a la ciudadanía la vigilancia.
Mientras tribunales y organismos internacionales debaten la legalidad de estas prácticas, familias enteras viven con la maleta lista y la vista fija en la puerta. Para la administración Trump el mensaje es inequívoco: nadie está fuera del radar estatal, ni siquiera la infancia.
