La política migratoria bajo el mando de Donald Trump transformó a diversos países del mundo en escalas involuntarias de deportación de EU. Para frenar la migración irregular, su gobierno reactivó vuelos y firmó acuerdos con otros países.
Estos países deben recibir migrantes, pese a su limitada capacidad y estabilidad.
México es uno de los más activos: entre enero y julio de 2025 recibió más de 6 mil personas sin la nacionalidad mexicana, en su mayoría en tránsito forzado, mientras que Guatemala aumentó en 40 por ciento los vuelos desde EU, alojando brevemente a migrantes extranjeros antes de reubicarlos.
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Costa Rica aceptó a 200 personas, incluidos 81 niños, con estancias temporales bajo presión judicial, y Panamá operó como puente para casi 300 migrantes de Asia y África, alojándolos en condiciones restrictivas.
Deportación indicriminada
Casos más controvertidos se han registrado en El Salvador, que encarceló a más de 250 venezolanos en su prisión de máxima seguridad.
Ruanda, que recibió a un iraquí mediante pago; o Sudán del Sur, uno de los países más inestables del mundo, al que fueron enviados ocho migrantes —incluido un mexicano— tras quedar varados en Yibuti. Incluso Kosovo aceptó acoger a 50 deportados a cambio de favores diplomáticos.
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La administración Trump ha dejado claro que estos mecanismos son más que excepciones. Tom Homan, zar de la frontera, afirmó que se busca firmar este tipo de acuerdos “con muchos países”, sin importar su estabilidad o recursos.
Aunque sectores de línea dura celebran la práctica, organizaciones internacionales alertan sobre el desarraigo y el riesgo a la integridad de las personas enviadas a destinos donde nunca han vivido, sin redes ni posibilidad real de asilo.
