Rafael Rodríguez
En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, dieron a conocer los resultados de la “Operación Liberación”, un despliegue conjunto que derivó en la detención de ocho personas presuntamente involucradas en delitos de extorsión y secuestro exprés.
La operación se llevó a cabo de manera simultánea en 14 municipios mexiquenses, donde se realizaron 52 cateos en establecimientos comerciales vinculados a una organización delictiva con orígenes en Michoacán.
El grupo operaba bajo un esquema de violencia e intimidación, imponiendo cuotas abusivas y controlando la comercialización de productos como materiales para la construcción, cárnicos, transporte de carga y servicios de paquetería.
Entre los detenidos se encuentran Eli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N”, Yareli “N”, José Fernando “N” y Gonzalo “N”. Una persona más, identificada como Bernardo Alejandro “N”, fue localizada y detenida en el estado de Quintana Roo. Todos enfrentan cargos por secuestro exprés con fines de extorsión, y podrían recibir penas de entre 70 y 80 años de prisión.
El fiscal José Luis Cervantes explicó que la organización intervenía en la economía local mediante el acaparamiento y direccionamiento forzado de productos, elevando los precios hasta en un 133%.
Esta estrategia dejaba a la población sin alternativas, al limitar el ingreso de competidores y proveedores ajenos a su red de control. Asimismo, señaló que Yareli “N”, una de las personas aprehendidas, se desempeñaba como regidora municipal y mantenía vínculos con dicha estructura criminal.
Durante el operativo fueron asegurados animales de granja, carne, materiales de construcción y otras mercancías. Las acciones se desarrollaron en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.
García Harfuch y Cervantes coincidieron en que el objetivo de esta intervención es restablecer el control legal y proteger a las comunidades afectadas por este tipo de prácticas criminales que han dañado severamente la economía local. Las autoridades aseguraron que las investigaciones continúan y no se descartan nuevas acciones contra esta red.
