El caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ha servido para visibilizar con mayor claridad la tribalización de Morena.
Igual que le sucedió al PRD, lo que a la postre terminó con el partido, en Morena los grupos leales a los caciques políticos comenzaron a marcar sus diferencias a partir del caso del jefe policiaco de Adán Augusto López.
Ya hay quienes le han manifestado lealtad al exgobernador tabasqueño, quizá porque creen que se sostendrá con el apoyo en las sombras de López Obrador; podrían estar equivocados, pero es una apuesta cara.
Hay un grupo, el círculo cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo ven ya como un lastre, un pasivo político imposible de cargar los próximos años, pero que en público lo tienen que apoyar para no molestar al cacique de Macuspana.
Otro grupo lo integran verdaderos constituyentes de Morena, que ocupan cargos menores, pero que están dispuestos a salir a reclamar una parte más amplia del pastel.
Todo, con vistas a la elección del 2027.
Habrá más de este tema.
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Grupo Salinas (GS), cuyo CEO es el empresario Ricardo Salinas Pliego, respondió a los señalamientos hechos por el gobierno acerca de sus presuntos adeudos fiscales.
GS emitió un comunicado acerca de los impuestos pagados de 2005 al 2024, que suman en total 250,000 millones de pesos (13.4 billones de dólares), “que servirían para construir tres AIFAS y sobraría’’.
El Grupo asegura que no adeuda impuestos, sino que el reclamo del gobierno se trata de una “extorsión fiscal’’.
“Estamos peleando que no nos cobren dos veces por lo mismo. Se trata de cobros abusivos dobles e ilegales que corresponden a interpretaciones arbitrarias de las leyes guiadas por consigna política y no por el derecho’’.
De acuerdo con la explicación, los créditos fiscales que se le atribuyen, “han sido inflados artificialmente por actualizaciones, multas y recargos hasta llegar a cifras absurdas. Reiteramos, esa no es justicia, es extorsión fiscal’’.
GS acusó que desde Palacio Nacional se “ha institucionalizado la persecución política con la clara consigna de callar y castigar a quienes piensan distinto’’.
Señalo también que se ha ejercido presión en contra de jueces, magistrados y ministros, denegado su derecho a una justicia pronta, completa e imparcial y condenado a sus empresas públicamente “antes de cualquier fallo’’.
GS reiteró que tras las campañas de descalificación está la mano de Jesús Ramírez, exvocero de López Obrador y asesor de Claudia Sheinbaum.
Fuerte este tema.
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La primer gran prueba de fuego que tendrán los nuevos administradores de CIBanco, la firma internacionalmente reconocida Álvarez y Marzal, la tendrán esta misma semana en la que deberán ratificar o desconocer los poderes de los abogados y del delegado fiduciario que ha actuado en el caso 666/2016 relativo al concurso mercantil promovido por la empresa TRESE, de acuerdo a una orden de la juez Séptimo Civil Federal del Primer Circuito, Concepción Martín Argumosa.
Los apoderados de las compañías denunciadas, Coastal, de Malasia, Nuvoil, de Veracruz y Pemex, habrían actuado presuntamente junto con los apoderados de CIBanco, entre los que destacan el delegado fiduciario Fernando Uriel López y los abogados Carlos Villasante y Alfonso Guati Rojo (este último exfuncionario de Pemex durante el periodo de Emilio Lozoya, en el que fue responsable jurídico de los casos Odebrecht y Agronitrogenados), de acuerdo a la empresa afectada, que cuentan con varias carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República por fraude procesal y delitos basados en la Ley de Amparo, por mentir y pedir suspensiones y medidas cautelares consiguiendo ventajas procesales indebidas.
A ver.
@adriantrejo
