Ilícitos como “el Cartel Inmobiliario, vinculado con partidos políticos, y la mafia inmobiliaria, solapada por funcionarios públicos y autoridades judiciales”, dieron algunos cimientos para la gentrificación en la Ciudad de México, de los cuales el Gobierno capitalino no abordó en su reciente propuesta para combatir los desplazamientos, denunciaron activistas contra el fenómeno.
En entrevista, Gabriel, integrante del Frente Anti-Gentrificación de la Ciudad de México, explicó que las movilizaciones son el resultado de una década de abusos y hartazgo de muchas personas cansadas de no poder acceder a una vivienda.
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Los colectivos, desde hace diez años, denunciaron la complejidad para acceder a una casa o departamento, sobre todo, por medio de rentas que es lo más común para la población, ya que adquirirlas es imposible por sus costos, mencionó.
“Con la pandemia se endurecieron durísimo las rentas, a más del 20 o 30 por ciento de la inflación y eso se llama especulación”, aclaró.
Nula regulación
Hace un año se implementaron dos leyes para regular el Airbnb (alquiler temporal de espacios), así como un tope al aumento desmedido de rentas, ninguna se aplica y todo quedó en “simple discurso”, dijo.
El activista prometió que no caerán en un partidismo, porque las acciones quedan olvidadas y las demandas de la ciudadanía sin cumplir; la situación es grave y puede convertirse como lo ocurrido en España, donde surgió el movimiento de desahucios por la falta de liquidez para pagar hipotecas.
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“Estamos viendo como Morena culpa al PAN del Cartel Inmobiliario y los panistas le echan la culpa a los morenistas por el Bando 2 de Andrés Manuel López Obrador, pero el problema sigue y las personas no tienen dónde vivir”, puntualizó.
Mafia Inmoviliaria
Al final de cuentas, la población es afectada, porque no hay una regulación de estos grandes especuladores inmobiliarios; incluso, en casos como el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) para que alguien pueda acceder a un lugar para su hogar, debe acudir a movilizaciones que les piden organizaciones partidistas, dijo.
Aunado a esta situación, abundó, opera una mafia inmobiliaria respaldada por autoridades judiciales y grandes notarios, quienes avisan y permiten las invasiones de predios que después usan grupos delictivos o se destinan al sistema de Airbnb.
Reiteró que su movimiento no se quedará como la Asamblea de Barrios, de la década de los 80, donde unos líderes fueron coptados por los partidos con cargos públicos.
