Columna invitada
Susana Cueto
La reciente decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de retirar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara del Jardín Tabacalera ha desatado un debate en la Ciudad de México.
La justificación de la alcaldesa se basó en la supuesta petición de los vecinos, que según ella exigían recuperar los espacios públicos, y la presunta irregularidad en la instalación de las esculturas, al no contar con los permisos correspondientes. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de sustento sólido, lo que pone en tela de juicio la legitimidad de su decisión.
Rojo afirmó que el retiro de las estatuas respondía a las quejas de los vecinos, quienes supuestamente demandaban “recuperar las banquetas del Jardín Tabacalera”. No obstante, hasta el momento, no se ha presentado una sola queja formal registrada que respalde esta narrativa. Este vacío sugiere que la decisión podría haber sido motivada más por posturas personales que por una demanda real de la ciudadanía.
Por otro lado, argumentó que las estatuas, carecían de autorización oficial, citando la ausencia de una cédula del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP). Sin embargo, esta afirmación también ha sido cuestionada, ya que no se han hecho públicos los documentos que demuestren dichas irregularidades.
La opacidad en torno a este proceso refuerza la percepción de que la remoción de las esculturas podría ser un acto simbólico para complacer a ciertos sectores políticos, en lugar de una acción fundamentada en la legalidad o en la voluntad popular, así como evidenciar la postura personal de la alcaldesa, priorizando el impacto mediático sobre el diálogo y la transparencia.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema durante su conferencia destacando que las estatuas representan un “momento histórico” para México, más allá de las posturas ideológicas, y propuso que, si la alcaldesa no desea mantenerlas en Cuauhtémoc, las entregue al gobierno de la Ciudad de México para su reubicación. “¿Por qué no las entrega y las ponemos en otro lado?”, cuestionó la mandataria, subrayando la importancia de preservar la memoria histórica sin caer en disputas ideológicas estériles.
En redes sociales, muchos han abordado el tema haciendo una comparación con la “desmonumentalización” de la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, nada más equivocado.
Mientras el retiro de Colón en Reforma constituyó un acto de reivindicación histórica al desmontar un símbolo del genocidio colonial, la remoción de las estatuas de Fidel y el Che por la alcaldesa Rojo revela un profundo desconocimiento de la solidaridad antiimperialista arraigada en la diplomacia mexicana. El primer caso corrige una narrativa opresora: Colón encarna la conquista, el despojo y el epistemicidio. El segundo, ejecutado mediante procedimientos opacos y unilaterales, borra figuras que, pese a sus complejidades, simbolizan la resistencia latinoamericana al colonialismo norteamericano, ignorando que México abrió las puertas a exiliados cubanos desde 1959 y mantuvo relaciones con Cuba aún bajo el bloqueo.
Mientras que la remoción de Colón representó un gesto simbólico contra la narrativa del “descubrimiento”, las de los revolucionarios cubanos honraban a quienes desafiaron la dominación imperial, por lo que esta decisión no solo evidencia analfabetismo histórico sobre los lazos de México con los movimientos de liberación del Sur Global, sino que evidencia una práctica de selectividad política oportunista, con sumisión ideológica al neocolonialismo contemporáneo.
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