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La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para endurecer las penas contra la extorsión ya se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados; a la par, la mandataria publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación once reformas y nuevas leyes aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso, durante el periodo extraordinario de sesiones. 

Con la conclusión del trámite de las distintas reformas, incluyendo Telecomunicaciones, Guardia Nacional, Seguridad Pública y Antilavado, el Congreso enfocará sus baterías en la iniciativa contra la extorsión, que cuenta con su propia Estrategia Nacional, anunciada el 6 de julio pasado. 

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Y es que de enero a mayo, en México se registraron 4 mil 882 víctimas de extorsión en el país, la más alta desde 2015 en el mismo período. 

La incidencia del delito de extorsión es de tal gravedad que en 2018 se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025 fue de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en seis años.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8 por ciento de las víctimas en 2024 y a enero 2025. Solo el Estado de México acumula el 33.1 por ciento.

Delito de alto impacto

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 considera este delito como de alto impacto por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado mexicano en su conjunto y se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 explica la Secretaría de Gobernación en el oficio de entrega al Congreso de la Unión.

La iniciativa señala que una problemática que se presenta para el combate eficaz de este delito a nivel nacional es la falta de homologación de las penas. 

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Actualmente, los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima, rango que evidencia una discrepancia aritmética notable entre las penas previstas en los diferentes códigos sustantivos. 

En el ámbito federal la penalidad es de 2 a 8 años, en Oaxaca las penas van de 1 a 3 años y en Chihuahua oscilan entre 5 y 30 años, por citar algunos ejemplos. 

“Esta disparidad debe ser corregida”, indica el documento enviado por la Segob.

Concluyen trámite

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó este miércoles, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) once reformas y nuevas leyes aprobadas por el Congreso, durante el Periodo Extraordinario de sesiones. 

Entre ellas, destacan la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión; la Ley General en en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y la Ley General de Población,lo que incluye la creación de la CURP biométrica, que fungirá en el futuro como identificación oficial.

 

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