Pasaron más de 30 años para que los pueblos huicholes vieran cumplido uno de los deseos más anhelados, que la Ruta Wixárika fuera inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El representante de la comunidad Wixárika, Totupica Candelario Robles, aseguró en conferencia de prensa que fue un trabajo difícil concretar la inscripción.
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“Ahora queremos decirle al Estado mexicano que no nos dejen abandonados, que no quede en una simple inscripción y que se mantenga esta ruta sagrada. La cultura Wixárika no busca ningún interés político, lo que queremos es acudir a los sitios sagrados a hablar con los ancestros y nada más, pero desafortunadamente tuvimos que llegar a estas instancias para seguir existiendo”, declaró Robles.
Maurilio Ramirez Aguilar, coordinador general del consejo Wixárika, dejó en claro que las amenazas sobre sus territorios sagrados siguen vigentes, por lo que el Estado mexicano está obligado a garantizar su protección y cancelar cualquier actividad y megaproyectos autorizados.
EXIGENCIA GENUINA
Según Santos de la Cruz, integrante del Consejo Regional Wixárika, hay más de 78 concesiones mineras en la zona que ahora está más amenazada por la presencia de litio y que ya hay recursos de amparo en contra de ellas.
“Ya se integró el expediente, sólo falta la prueba testimonial, para pasar al proyecto de sentencia, recurso que detiene a estas concesiones hasta su resolución. Y sobre las agroindustrias, hay jitomateras, parques eólicos, granjas avícolas, hasta un basurero tóxico, así que las recomendaciones son fundamentales para buscar alternativas y detener estas
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amenazas, a las que agregamos el turismo incontrolado de la zona, principalmente en el saqueo del jícuri, la planta sagrada, mejor conocida como peyote”, dijo en entrevista con este medio.
La exploración y presencia de las mineras inició en el 2009, mientras que las autorizaciones se dieron desde el mandato de Felipe Calderón, a pesar de que ya existía la Reserva Ecológica Estatal, el área natural protegida.
“El litio es un mineral muy preocupante en estos momentos porque pareciera que no sólo abarca el área natural protegida, de las 240 mil 240 hectáreas, sino que es todo un corredor, por lo que se requiere un blindaje en Wirikuta; ha habido confrontaciones y persiste una tensión social ya que los pobladores optan por dedicarse a la minería, así que se requiere de la voluntad del Estado mexicano para la protección de esta ruta sagrada”, finalizó Santos de la Cruz, también coordinador del Centro de Pueblos Indígenas de San Antonio de Padua en Durango.
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