Al advertir que la propuesta de reforma electoral se encuentra en un marco “fuera de toda norma constitucional”, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) advirtió sobre los riesgos que tiene.
Los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés, José Woldenberg K. (ex consejeros presidentes del IFE-INE). Así como Jacqueline Peschard, María Marván, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez G. (ex consejeros electorales del IFE-INE), destacaron indispensable que la opinión pública, las organizaciones sociales y el conjunto de fuerzas políticas de México, cobren conciencia de los riesgos que entrañan esa situación y comprender que ocurrirán en un contexto fuera de toda normalidad constitucional.
“Reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas”
Manifestaron que toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral. Las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular.
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Por eso, este tipo de reglas exige de la aceptación de todos aquellos que van a someterse a sus condiciones y modalidades. En tanto, de ello depende la legitimidad de los representantes y gobernantes electos.
“Como lo enseña la propia historia de nuestra democratización, el consenso en torno a las reglas electorales es indispensable para todos los actores y especialmente para quienes resultan ganadores de los comicios”, expresaron.
Subrayaron que las últimas cuatro reformas electorales -desde 1994– fueron el resultado de grandes acuerdos y compromisos entre los partidos y los gobiernos.
“Ignorar la historia, abriría la puerta a que las reglas electorales ya no sean el fundamento de las soluciones”
“Ignorar la historia, abriría la puerta a que las reglas electorales ya no sean el fundamento de las soluciones sino parte del problema, fuente de impugnación y litigio, que acaban siempre en erosionar la legitimidad, incluso, de quienes triunfan y en afectar la estabilidad política de las comunidades en el país”, agregaron.
Indicaron la importancia de diseñar un sistema que nos acerque por fin al ideal democrático y representativo: tanto porcentaje de la votación, tantos escaños en el Congreso, lo mismo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores como en los Congresos locales.
“Insistimos: una condición esencial del carácter democrático de la representación política, es que el peso electoral de cada partido coincida con el peso que tiene en los órganos legislativos”, señalaron.
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A su vez, destacaron que la representación proporcional ha sido la columna vertebral del proceso de democratización de México con su introducción en el año de 1977, una demanda permanente y subrayada, siempre, por la izquierda.
“Toda reforma electoral debe procurar disminuir lo más posible los fenómenos de sobre y subrepresentación”
“En reivindicación de esa tradición democrática, creemos que toda reforma electoral debe procurar disminuir lo más posible los fenómenos de sobre y subrepresentación que constituyen una distorsión de la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, advirtieron.
Se pronunciaron por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa.
Es decir, 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional.
Proponen que todos los integrantes del Senado de la República sean elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales.
De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición a través del sistema de cociente de distribución y resto mayor.
Piden garantizar la autonomía de las autoridades electorales
Asimismo, piden garantizar la autonomía de las autoridades electorales, así como la profesionalización de las mismas.
Destacaron la importancia del consenso de todos los actores políticos en torno a quienes serán los responsables de organizar las elecciones, remarcaron que es fundamental como condición de integridad democrática.
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Por eso su nombramiento debe hacer prevalecer, además de las capacidades técnicas de quienes integren el Consejo General del INE, el reconocimiento y confianza de origen del conjunto de partidos políticos, protagonistas centrales de las contiendas electorales.
Para ello y dadas las condiciones actuales resulta indispensable:
a) que dicho nombramiento recaiga en el Senado y no ya en la Cámara baja, dada la distorsión en la representación que hoy existe en la Cámara de Diputados. Un tipo de nombramiento tal como ocurre con el resto de los titulares de los órganos constitucionales autónomos.
b) que el porcentaje requerido para hacer esas designaciones se eleve a una votación calificada de 3/4 de los miembros presentes en la Cámara Alta. Ello exigiría la construcción de consensos amplios entre todas las fuerzas políticas presentes en ese órgano.
Adicionalmente, garantizar la subsistencia y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, que constituye la columna vertebral de las capacidades organizativas del INE, como un servicio civil de carrera centrado en concursos de ingreso y promoción en rango tanto abiertos como cerrados, así como en la capacitación permanente y en la evaluación periódica de sus miembros. Cualquier intento de socavar, reducir o eliminar dicho Servicio impactaría directamente en la calidad de nuestros procesos electorales.
Magistraturas del Tribunal Electoral
En cuanto a las magistraturas del Tribunal Electoral y vista la experiencia reciente, “creemos, que es obligado establecer su designación con un umbral de 75 por ciento de los votos en el Senado, abriendo la participación y propuesta a las universidades, los colegios y las barras de abogados del país”.
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El principio político es el mismo: es a la mayoría, a los triunfadores de cada elección, a quienes conviene aun más el trabajo imparcial y eficaz de las autoridades electorales.
Detallaron que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa: la mitad de la bolsa en consonancia con la votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario.
“Frente a la invasión de dinero ilícito en la política así como frente a los fenómenos oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, nosotros creemos que el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las campañas y asimismo debe garantizar las condiciones de operación permanente de los partidos políticos en tanto estructuras de organización y representación”, expresaron.
