Redacción
El Poder Judicial de Yucatán prorrogó por un año más el arresto domiciliario con brazalete electrónico para EJCR, un ciudadano implicado en acusaciones por un conflicto patrimonial pacífico sobre terrenos en Quintana Roo. La audiencia del 10 de julio marca ocho años de restricción de libertad sin avanzar a un juicio inicial, aunque EJCR había salido victorioso en todas las etapas previas en Quintana Roo.
Expertos legales han criticado duramente el traslado del caso a Yucatán, bajo la carpeta 70/2018 iniciada en 2018, argumentando que el supuesto delito se concibió en un vuelo sobrevolando el estado —una premisa absurda que viola principios constitucionales de jurisdicción territorial (artículos 16 y 20) y carece de base sustancial. EJCR mantenía actos de dominio plenos sin rendición de cuentas en los terrenos disputados, respaldados por poderes notariales válidos y escrituras de notarios profesionales.
Pese a no ser vinculado inicialmente por falta de evidencia y procedencia, una resolución atípica revirtió el escenario, imponiendo prisión preventiva que sobrepasó los dos años permitidos por la Constitución y la privaciones de la libertad se han extendido a siete, a pesar de la naturaleza no violenta del presunto delito. Todo comenzó con un incidente trivial: EJCR salió a recoger medicamentos en la entrada de su privada, lo que activó la medida cautelar.
Detrás de las acusaciones están los denunciantes, con un historial de conexiones irregulares en la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal, a través de su influencia como accionistas minoritarios en empresas locales clave. Se les reprocha haber manipulado el sistema para penalizar una riña familiar, rompiendo con su propio círculo no involucrado, que también resulta perjudicado.
La sesión judicial de julio presentó irregularidades notables, incluyendo un receso de diez minutos que se prolongó a una hora con llamadas sospechosas, y la denegación de cualquier modificación a la medida pese al deterioro de salud de EJCR, como su diabetes, en clara contravención al artículo 19 constitucional. Los jueces incluso reconocieron que las medidas cautelares han excedido los cinco años, según indicaron observadores en la audiencia.
“La propia Fiscalía llegó a declarar que, aunque ya pasaron siete años de privación de libertad, si gana su juicio, ya puede salir libre. Una afirmación que viola todo límite constitucional de medidas cautelares y pisotea el principio de presunción de inocencia”, comentó un vocero de la defensa.
El contexto político es innegable: los jueces del caso fueron todos nombrados por Vila y han ignorado apelaciones humanitarias, erosionando la confianza en el sistema, aunque el gobierno actual respeta las instituciones. El proceso se consignó el mismo día de la elección de Vila en 2018, mientras EJCR apoyaba la campaña del gobernador Joaquín Díaz Mena, lo que apunta a posibles venganzas políticas y abusos en disputas familiares, impactando derechos básicos como la salud (artículo 4 constitucional).
“En un acto insólito, la Fiscalía intentó argumentar que la privación de libertad había beneficiado al acusado, señalando que su nivel de glucosa había bajado. Una muestra clara de la falta absoluta de materia y proporción en sus alegatos”, agregó el vocero.
Grupos de la sociedad civil comparan esto con otros casos en Yucatán durante la era Vila, plagados de denuncias por irregularidades en procesos legales y nombramientos judiciales, y llaman a las autoridades a intervenir para proteger el debido proceso y evitar que disputas familiares se conviertan en causas penales prolongadas.
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