La administración de Donald Trump ha dado un paso decisivo en su agenda migratoria con la aprobación de lo que él mismo calificó como su “gran y hermoso proyecto de ley”. La medida, avalada a inicios de julio por un Congreso de mayoría republicana, otorga un presupuesto sin precedentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que recibirá 75 mil millones de dólares para ejecutar una campaña de deportación sin paralelo en la historia reciente de Estados Unidos.
Este monto forma parte de un paquete más amplio de 170 mil millones de dólares destinados a seguridad migratoria y fronteriza para el periodo 2025-2029, una cifra que equivale a unas 19 veces el presupuesto militar anual de la Secretaría de la Defensa de México.
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Con estos recursos, ICE se convertirá en la agencia de aplicación de la ley con mayor financiamiento del Gobierno. Cerca de 45 mil millones serán dirigidos a duplicar la capacidad del sistema de detención migratoria, permitiendo alojar a más de 100 mil personas de manera simultánea. Actualmente, la agencia retiene a cerca de 58 mil migrantes en centros operados mayoritariamente por contratistas y cárceles.
Otros 30 mil millones se destinarán a la contratación de hasta 10 mil nuevos agentes, la adquisición de equipo de transporte y la expansión del equipo legal del ICE, con el fin de sustentar órdenes de deportación ante jueces de inmigración.
Paquete completo
El resto del paquete reforzará a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que obtuvo más de 46 mil millones de dólares para la construcción de muros y barreras en la frontera con México, así como 12 mil millones para infraestructura, vehículos y personal.
Otros 13 mil 500 millones se destinarán a reembolsos para estados como Texas por acciones de seguridad fronteriza, incluyendo el uso de la Guardia Nacional y la habilitación de centros estatales de detención. Una partida adicional, también de 13 mil 500 millones, quedará como fondo de contingencia.
El director interino del ICE, Todd Lyons, celebró la aprobación del proyecto, asegurando que los fondos permitirán “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas legales han advertido sobre las consecuencias humanitarias de esta ofensiva migratoria.
