Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Hace unos días, en la capital del País, se presentó un movimiento convocado por diversas organizaciones, muchas de ellas actuando de manera anónima a través de redes sociales. En consecuencia, suele desconocerse la identidad real de los convocantes, quienes en ocasiones utilizan nombres ficticios.
Desde una perspectiva sociológica, la gentrificación es un proceso de transformación urbana que afecta a zonas degradadas o empobrecidas de la ciudad, las cuales son intervenidas por empresarios inmobiliarios que las remodelan, dándoles una nueva apariencia y, con ello, obteniendo significativas ganancias económicas. El mecanismo es relativamente sencillo: compran propiedades a bajo costo y, tras realizar renovaciones orientadas a atraer clases sociales más acomodadas, el valor de los inmuebles se incrementa notablemente.
Con estas transformaciones llegan nuevos residentes, comercios y estilos de vida, lo que provoca un alza excesiva en el valor de la zona. Como consecuencia, los antiguos barrios desaparecen y sus habitantes son desplazados, profundizando las brechas de desigualdad. Si bien este proceso puede tener ciertos beneficios, como la mejora en la infraestructura urbana, sus efectos sociales son profundamente negativos. Los residentes originales, en muchos casos, son obligados a vender sus viviendas a precios irrisorios y a abandonar los lugares que por años habitaron.
En la reciente manifestación realizada en la Ciudad de México, que incluso se tornó violenta, se denunció que colonias como la Condesa, la Narvarte y la Roma están siendo víctimas de este fenómeno con consecuencias devastadoras. Basta recorrer esas zonas para constatar la veracidad de estas denuncias. Lamentablemente, este proceso parece estar promovido, o al menos tolerado, por las propias autoridades.
Si bien no es sencillo combatir la gentrificación en un marco de libertades que deben respetarse, el Estado está obligado a garantizar que las personas no sean objeto de abusos ni víctimas de prácticas que atenten contra su dignidad y su derecho a permanecer en sus comunidades.
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