En diversas comunidades latinas de Estados Unidos, particularmente en California, crece la preocupación ante un patrón de detenciones arbitrarias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las denuncias apuntan no sólo al uso excesivo de la fuerza, sino a prácticas de perfilamiento racial que, según organizaciones civiles, vulneran derechos constitucionales y deterioran aún más la relación entre autoridades y ciudadanos de origen latino.
Desde junio, las redadas en zonas como el área metropolitana de Los Ángeles aumentaron con intensidad y controversia. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que sus operativos están dirigidos a personas con antecedentes penales, múltiples reportes revelan que muchos de los detenidos carecen de historial criminal. Lo que sí comparten: piel morena, rasgos latinos, o acento al hablar. En varios casos, los arrestados son incluso ciudadanos estadounidenses.
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Ejemplos como el de Adrian Martínez, trabajador de Walmart, y Arturo Hermosillo, electricista, evidencian un patrón preocupante. Ambos, con ciudadanía estadounidense, fueron arrestados de manera violenta: Martínez por intentar defender a un conserje; Hermosillo por grabar una detención. Ninguno opuso resistencia, pero los dos resultaron con lesiones. Casos como estos se repiten en distintos barrios del país.
Videos captados por civiles muestrantácticas de inmovilización prolongada, uso de gas lacrimógeno y armas no letales en espacios públicos. Expertos legales han calificado estas acciones como potencialmente mortales, mientras ICE continúa sin publicar datos sobre detenciones erróneas.
Grafico 24 Horas ICE
Voces en alto
Organizaciones como CHIRLA y MALDEF han interpuesto demandas colectivas, alegando que los operativos actuales “se asemejan a secuestros públicos”. En respuesta, voceros federales afirman que las detenciones son “específicas y legales”, y niegan todo sesgo racial.
En un país que proclama su defensa de las libertades, los operativos actuales de ICE reflejan una dolorosa contradicción: la ciudadanía ya no es garantía de protección, y la identidad latina parece bastar para despertar sospechas.
