El gobierno de Donald Trump canceló oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 76 mil centroamericanos, con el argumento de que han mejorado las condiciones que motivaron su implementación. La medida afecta a unos 72 mil hondureños y cuatro mil nicaragüenses que se encontraban amparados por esta figura desde 1999, tras los estragos del huracán Mitch en Centroamérica.
“El TPS se creó con un propósito temporal”, afirmó Kristi Noem, jefa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al anunciar la decisión. La suspensión entrará en vigor el 6 de septiembre, 60 días después de su publicación en el Registro Federal, y pondrá fin a un beneficio que protege de la deportación y permite trabajar legalmente en EU.
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Aunque la administración Trump justifica el retiro del TPS por la “mejoría socioambiental” y el “retorno seguro” a ambos países, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades locales han expresado su rechazo.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) criticó la medida, advirtiendo que ignora el contexto de violencia estructural, pobreza e inestabilidad política en la región.
“Los nicaragüenses viven bajo un régimen autoritario que les niega libertades básicas”, señaló la organización. El comunicado también subraya la persistente falta de acceso a servicios públicos en ambos países.
Período de protección
La cancelación ocurre tras la expiración formal del último período de 18 meses de protección, aprobado por la administración Biden, que concluyó el pasado 5 de julio. Durante una visita reciente a Tegucigalpa, el gobierno de Xiomara Castro solicitó a Noem una extensión del TPS para Honduras, sin éxito.
A pesar de lo anterior, Noem elogió la cooperación hondureña: “Han sido un socio maravilloso para cumplir promesas clave al pueblo estadounidense”. En ese mismo tono, el DHS ofreció asistencia para el “retorno voluntario”, incluyendo una ayuda económica de mil dólares para quienes opten por la autodeportación.
