Redacción
Claudia Sheinbaum Pardo firmó este lunes una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de otorgar al Congreso de la Unión facultades para expedir una ley general contra el delito de extorsión. La propuesta será enviada de inmediato a la Cámara de Diputados y forma parte de una estrategia nacional para atender un ilícito que continúa en aumento a nivel nacional.
La iniciativa plantea modificar el artículo 73 de la Constitución, fracción 21, inciso A, para incluir la extorsión en el catálogo de delitos que requieren una legislación general. Actualmente, ese apartado contempla delitos como el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la tortura.
Uno de los principales cambios que propone la reforma es que el Estado asuma formalmente el carácter de víctima, con lo cual se podrá perseguir el delito de extorsión de oficio. Esto permitiría eliminar la carga que actualmente recae en las personas afectadas, quienes en muchos casos optan por no denunciar por miedo o por la complejidad del proceso legal.
La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la ley general debe establecer un tipo penal homogéneo en todo el país, así como herramientas de investigación eficaces y principios de coordinación institucional. También se busca incorporar mecanismos de inteligencia, capacitación de personal, protocolos de atención a víctimas y líneas de investigación efectivas para garantizar la reparación del daño.
La reforma se enlaza con la reciente Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunciada el domingo, que incluye el fortalecimiento de unidades especializadas y la habilitación del número 089 para denuncias anónimas. Como parte de esta política, las unidades encargadas de investigar secuestros también se enfocarán en la persecución de este delito.
Sheinbaum reconoció que, si bien la mayoría de los delitos muestran una tendencia a la baja, la extorsión continúa al alza en varias entidades. La nueva estrategia y la reforma constitucional buscan revertir esa tendencia mediante una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno.
