Redacción
Con el objetivo de transformar la relación entre la sociedad y las instituciones judiciales, el Consejo de la Judicatura del Estado de México aprobó una nueva Política de Justicia Abierta. Esta iniciativa busca fortalecer la legitimidad institucional, fomentar la transparencia y promover la participación ciudadana en la evaluación del desempeño del Poder Judicial.
La nueva política plantea tres líneas de acción principales: impulsar una transformación judicial centrada en las personas y en el respeto a los derechos humanos; incluir a la ciudadanía, la academia y a los pueblos originarios en la toma de decisiones; y consolidar un modelo judicial moderno y cercano a la sociedad.
Entre los componentes de esta estrategia destaca el uso de herramientas tecnológicas, como plataformas digitales, datos abiertos y redes sociales, para facilitar el acceso a la información. También contempla la vinculación con otros poderes e instituciones, con el fin de desarrollar soluciones conjuntas que atiendan las necesidades de justicia de la población.
Esta política forma parte de un proceso más amplio que comenzó el pasado 26 de febrero, cuando el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez firmó la Declaratoria de Justicia Abierta. En ese documento se establecieron 14 compromisos para garantizar el acceso ciudadano a la información y a los procesos judiciales.
Desde entonces, el Poder Judicial ha trabajado en el fortalecimiento de los servicios al público, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y la promoción de alternativas como la Justicia Restaurativa y la Mediación Comunitaria.
La Política de Justicia Abierta contempla 61 líneas estratégicas, con acciones medibles y con plazos definidos. Todas ellas están diseñadas para avanzar hacia una gestión judicial más participativa y accesible, en concordancia con los principios del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
