Redacción
En México, miles de personas enfrentan procesos judiciales lentos, opacos y en muchos casos manipulados, lo que incrementa la urgencia de implementar plenamente la Reforma Judicial.
A finales de 2024, se reportaban más de 221,800 procesos judiciales en trámite sin resolución, y aproximadamente 47,000 expedientes federales con retrasos considerables, revelando la magnitud del problema.
Un ejemplo emblemático de esta situación es el caso de la abogada Ana Katiria “N”, quien anteriormente encabezaba un prestigioso despacho en la Ciudad de México y hoy es investigada por presuntamente liderar una red de extorsión y corrupción dentro del sistema judicial.
Las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México documentan cómo esta red fabricaba denuncias falsas, manipulaba pruebas periciales y coordinaba testimonios manipulados, especialmente en juicios relacionados con divorcio y custodia de menores. Las víctimas denuncian haber sido sometidas a presiones económicas extremas, con exigencias de pensiones alimenticias millonarias sustentadas en acusaciones falsas.
Desde que Ana Katiria “N” abandonó el país en 2024, radicando actualmente en Madrid, múltiples familias quedaron atrapadas en una crisis legal y emocional profunda. Aunque la Fiscalía continúa trabajando en el caso, la emisión de una ficha roja de Interpol para su captura sigue pendiente.
Este caso refleja una realidad más amplia en México, donde ciudadanos comunes quedan vulnerables ante abusos del sistema judicial. La Reforma Judicial tiene como objetivo transformar esta realidad mediante una justicia más ágil, transparente y justa, capaz de prevenir y castigar prácticas corruptas, garantizando así el verdadero acceso a la justicia para todos los mexicanos afectados.
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