Por Juan R. Hernández
Mientras las cámaras y los reflectores enfocan a los grandes temas nacionales, en la plancha del Zócalo capitalino se libra una batalla silenciosa pero urgente: la de trabajadoras y trabajadores de la Consejería Jurídica, la Dirección General de Servicios Legales, la Defensoría Pública y Justicia Cívica del Gobierno de la Ciudad de México que, este martes, alzaron la voz contra el acoso laboral y las condiciones indignas en las que desempeñan su labor.
No fueron miles, pero tampoco invisibles. Fueron cerca de 50 empleados que, desde las 9:00 de la mañana, se manifestaron frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir algo tan básico como el respeto. Su principal demanda: la destitución del director general de Servicios Legales, José Juan Torres Tlahuizo, a quien acusan de hostigamiento sistemático y abuso de poder. También piden lo que cualquier trabajador merece: un salario digno y condiciones laborales justas.
“Hay un acoso permanente, muy agresivo”, denunció uno de los afectados. Y no es el único caso. Otra trabajadora relató cómo fue trasladada a un espacio sin acceso a Internet, sin teléfono y sin condiciones mínimas para ejercer su función como defensora de oficio. ¿La razón? Castigo encubierto, silencioso, disfrazado de “reubicación”.
Mientras tanto, en otro frente, simpatizantes del PRD bloquean las oficinas del IECM en protesta por la falta de prerrogativas. El instituto, por su parte, responde que no pueden liberar recursos sin que el partido cumpla con los requisitos legales pendientes.
En un país donde se exige legalidad a los partidos, ¿por qué no se exige también respeto a quienes, desde las trincheras institucionales, sostienen la defensa de los derechos ciudadanos? Los trabajadores del GCDMX no piden privilegios, solo dignidad.
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