Los Ángeles, ciudad epicentro de la resistencia migratoria en Estados Unidos, fue llevada ante los tribunales por el mandatario Donald Trump, quien interpuso una demanda contra las autoridades locales por su política de “ciudad santuario”.
La ofensiva legal, presentada en un tribunal federal de California, acusa a la administración de la alcaldesa Karen Bass y al Concejo Municipal de interferir con la aplicación de las leyes migratorias federales.
La querella, respaldada por el Departamento de Justicia y por la fiscal general Pamela Bondi, sostiene que la ordenanza municipal aprobada en noviembre —tras el triunfo electoral del magnate— “discrimina” a las agencias federales al limitar su cooperación con la policía local.
Dicha ordenanza prohíbe expresamente el uso de recursos de la ciudad para colaborar con deportaciones, así como compartir información con las autoridades migratorias.
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Para la administración republicana, este tipo de políticas representa un desafío directo a su agenda. “Las políticas de santuario fueron la causa principal de la violencia, el caos y los ataques contra las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles”, dijo Bondi.
La alcaldesa Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, respondieron de forma frontal: ambos rechazaron la narrativa de que Los Ángeles esté fuera de control y acusaron al inquilino de la Casa Blanca de utilizar la inmigración como arma política.
La tensión se recrudeció luego de que el presidente ordenara el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional y más de 700 marines, desatando protestas en el centro de la ciudad.
Zona clave
Con más de un tercio de su población compuesta por inmigrantes, Los Ángeles representa un bastión clave en la defensa de los derechos de los indocumentados. Las movilizaciones recientes en defensa de estas comunidades, particularmente tras redadas masivas, elevan la presión sobre la alcaldía.
Mientras tanto, el líder conservador parece decidido a convertir el conflicto con California en un símbolo de su promesa de sacudir el sistema migratorio. La demanda contra Los Ángeles refuerza su estrategia: llevar a los tribunales a las jurisdicciones que, en sus palabras, “priorizan a los extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses”.
