Redacción
La controversia en torno a la situación judicial de Cristina Fernández sumó un nuevo capítulo tras el recurso presentado por la Fiscalía contra el arresto domiciliario que se le concedió. La exmandataria enfrenta una sentencia de seis años por cargos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión, y su permanencia fuera de prisión reavivó el debate político y judicial en el país.
Los fiscales a cargo de la causa expresaron su desacuerdo con la resolución del tribunal, al que acusan de favorecer de manera excepcional a la expresidenta. Plantearon que no existen fundamentos suficientes para justificar una medida que, en su visión, vulnera el principio de igualdad ante la ley y debilita el mensaje institucional frente a delitos graves vinculados a la administración pública.
Desde el Ministerio Público se señaló que la ejecución de una pena en condiciones especiales, sin ingreso a un establecimiento penitenciario, afecta la función resocializadora y sancionadora del sistema judicial. En su argumentación, se cuestionó que no se haya aplicado el mismo criterio a otros condenados en el mismo expediente.
El tribunal había alegado razones de seguridad para justificar la reclusión domiciliaria. Sin embargo, los fiscales pusieron en duda esa justificación, al considerar que no se presentaron garantías concretas de cumplimiento si llegaran a registrarse incumplimientos de parte de Fernández.
La revisión del caso quedó en manos de la Cámara Federal de Casación, que convocó una audiencia para el 7 de julio. Ese mismo día también se evaluarán los planteamientos de la defensa sobre el régimen de visitas y el uso de monitoreo electrónico, en una jornada clave para definir las condiciones bajo las cuales se cumplirá la sentencia.
