El pleno de San Lázaro aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal.
Con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que incluye cambios a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
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La reforma señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe investigar el uso de tarjetas de servicio o de crédito cuando el gasto mensual acumulado sea igual o superior a 805 veces el valor diario de la UMA, los 91 mil 077 pesos.
Además, serán objeto de aviso ante la secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a mil doscientas ochenta y cinco veces el valor diario de la UMA.
En el caso de tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de valor monetario, cuando se comercialicen o se abonen recursos por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el valor diario de la UMA.
La realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones en la compra o venta de los propios bienes. Así como la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta.
Diputados avalan reforma antilavado en medio de críticas
La diputada del PRI, Abigail Arredondo, manifestó el voto en contra del dictamen del grupo parlamentario, advirtió que la reforma no es para proteger a los ciudadanos, sino vigilarlos.
“Nos dice que esta ley busca combatir el lavado de dinero, nos hablan de la importancia de cumplir con las recomendaciones de GAFI, pero qué hizo el Senado, eliminó todas las referencias al financiamiento al terrorismo, un eje central de la iniciativa original.
¿Sí sabían que eso pasó, compañeros del oficialismo o lo pueden buscar tal vez en el chat GPT?. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, del combate al crimen organizado o de construir un aparato de control político disfrazado de regulación financiera.”, cuestionó la legisladora.
Detalló que se amplía el concepto de beneficiario controlador exigiendo que todas las personas morales hagan o no actividades vulnerables, registren a quienes las controlan, aún si esas personas no tienen relación directa con operaciones financieras.
Reiteró que no es transparencia, es “intrusión y abuso”, al obligar a toda sociedad mercantil a reportar cualquier cambio en la tenencia accionaria con datos personales que serán entregados a una autoridad que hoy bajo este régimen ha demostrado su intolerancia al disenso.
“En nombre de las personas políticamente expuestas, ahora cualquier cliente relacionado con un servidor público será sujeto de vigilancia especial. ¿Y quién decide quién entra a esta lista?, pues el gobierno. ¿Y quién concentra esta información?, pues también el gobierno, la Secretaría de Hacienda, sin contrapesos nuevamente, como les gusta a ustedes. Todos los poderes y órganos del Estado deberán entregar la información y con eso se está construyendo una base de datos para amedrentar y generar persecución política”, señaló Abigail Arredondo.
Por su parte, el diputado del PAN,Saúl Téllez, externó que dicha reforma remarca la regulación y cargos excesivos para las MIPYMES. Ahora deberán asumir mayores costos para implementar esta nueva legislación y cumplir con obligaciones excesivas. Incluso una persona que maneje 25 mil pesos tendrá que enviar avisos para evitar una investigación
Si una persona renta un departamento o casa por quince mil pesos, las autoridades también podrán investigarla. Los donativos a las ONG por 50 mil pesos también van a entrar en investigaciones
“Si compramos un inmueble con una familia que lleva años ahorrando y compra un inmueble de un millón de pesos, también tendrá que ser investigado. Y los fideicomisos en donde cualquier familia puede integrar 500 mil pesos en fideicomisos para la educación de sus hijos, también será sujeta de investigaciones. Ahora bien, esta ley antilavado, estas reformas no son nuevas. Ya había muchos mecanismos donde se podía combatir el crimen organizado”, aseveró.
Destacó que el narcotráfico no solo operó en la Ciudad de México, también se metió a la oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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“Se metió hasta la cocina de la presidencia y ahí operando el narco desde la oficina del jefe de la presidencia. Esta persona, Alfonso Romo, quien nombró directamente al presidente López Obrador. No podemos ahora entender cómo la unidad de inteligencia financiera, teniendo un año de conocimiento de esta investigación, se esperara hasta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tuviera que avisarnos a los mexicanos que desde la oficina presidencial había narco lavado de dinero. Por eso es que el día de hoy Acción Nacional ya presentó la denuncia penal en contra de la empresa Vector y de quien resulte responsable, principalmente el dueño y propietario Alfonso Romo. Y esperamos que la Fiscalía General de la República pueda llevar a cabo una investigación completamente imparcial para ir hasta las últimas consecuencias de este escándalo bochornoso desde la oficina del presidente López Obrador”, expresó.
