La defensa de Raymundo Martínez, junto a la de Andrés “N” y Saúl “N”, ha apostado por la figura jurídica de la acumulación de procesos, para evitar la sentencia final
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Desde su detención en enero de 2024, el proceso penal contra el exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, se ha convertido en un entramado judicial marcado por recursos legales, suspensión de plazos y acusaciones graves. Junto con dos exfuncionarios de su administración, enfrenta cargos por secuestro exprés con fines de extorsión, un delito que podría costarle hasta 80 años de prisión.
La defensa de Martínez, junto a la de Andrés “N” y Saúl “N”, ha apostado por la figura jurídica de la acumulación de procesos, con la intención de evitar sentencias contradictorias y centralizar los juicios. No obstante, el 26 de septiembre de 2024, un juez declaró improcedente esta solicitud. Después, la defensa anunció la interposición de amparos, lo que suspendió temporalmente el procedimiento local en el Estado de México. Raymundo Martínez fue capturado el 18 de enero tras permanecer 55 días prófugo. Fue internado en el penal de Santiaguito, pero el 25 de marzo de 2024 obtuvo el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, con brazalete electrónico, tras el pago de una fianza de un millón de pesos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México defendió dicha decisión, mientras que la Fiscalía anunció una apelación. Los coacusados también enfrentan un proceso complicado.
Andrés “N”, excoordinador de asesores, fue detenido en Nuevo León y permanece en prisión preventiva. Saúl “N”, expolicía municipal, fue señalado por ingresar sin orden judicial a un domicilio, y participar en la privación de la libertad de Emilio “N”, exsuegro del exalcalde. Ambos están vinculados a proceso desde enero de 2024. La cronología del caso incluye fechas clave: desde el presunto secuestro en abril de 2023, denuncia penal en noviembre, hasta la negativa de un juez federal en enero de 2025 para conceder el amparo solicitado por Raymundo Martínez.
La estrategia de la defensa, basada en la judicialización del procedimiento mediante recursos como amparos y diferimientos, ha generado un rezago en la resolución. Sin embargo, el proceso continúa su curso y se encamina hacia la etapa de juicio, en la que el sustento probatorio y la resolución del conflicto de jurisdicciones, definirán el destino del exalcalde y sus colaboradores.
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