El Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador aplicó recortes al Centro de Atención al VIH (Censida) por más de 833 millones de pesos durante el sexenio pasado.
De acuerdo con una revisión a las cuentas públicas 2019-2024 de ese organismo, encargado de la prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual en la población, incluida la LGBT+, se le autorizó un gasto global de 2 mil 674 millones de pesos.
Sin embargo, con los recortes aplicados cada año terminó con un ejercicio de mil 800 millones de pesos.
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El caso más relevante fue durante el último año del sexenio pasado, en el que se le aprobaron 551 millones de pesos, pero solo ejerció 219 millones, según el Informe de Gestión de 2019 a 2024.
De acuerdo con ese reporte, entre las acciones destacadas por la dependencia está que en el periodo de 2020-2023, “se transfirieron al Banco del Bienestar 117.4 millones de pesos para la entrega, a través de la red de sus sucursales, de apoyos monetarios en calidad de subsidios a mujeres cis y mujeres trans que viven con VIH, que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral y no cuentan con seguridad social, cuyo fin fue apoyar en el pago de transporte en los días que acuden a consulta médica y abasto de medicinas”.
Apoyo
Uno de los objetivos del Censida fue “dar continuidad a la estrategia para la disminución de barreras de acceso en mujeres cis y trans que viven con VIH, a través de la dispersión de un apoyo económico de las mujeres que viven con VIH que reciben tratamiento en las unidades especializadas para la atención del VIH, en la Secretaría de Salud”.
El Censida destacó que desde junio de 2020 al 30 de junio de 2024, se realizaron “en personas sin seguridad social: un millón 566 mil 485 pruebas rápidas para la detección de VIH, se han obtenido 336 mil 917 estudios de carga viral para el diagnóstico del virus de la hepatitis C y se diagnosticaron 25 mil 11, además, se han obtenido 3 millones 149 mil 392 pruebas rápidas como parte del beneficio adicional, lo que permitió el arranque del programa, a partir de 2023″.
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La dependencia señaló que para el sexenio 2024-2030, se debe priorizar el “instrumentar las estrategias que garanticen una atención diferenciada en las diferentes poblaciones, grupos etarios y para todos los grados de inmunosupresión, con un enfoque que priorice aquellas personas con enfermedad grave, diagnóstico tardío o situación de vulnerabilidad, así como gestionar los recursos necesarios que garanticen la implementación de la atención diferenciada para una mejora en la calidad de vida y disminución de mortalidad”.
El informe sugiere al actual Gobierno que se debe “mantener la vigilancia a través de la investigación sobre la resistencia que ha generado el VIH con el acceso universal a la terapia antirretroviral, y permita establecer políticas nacionales que limiten su desarrollo”.
