A pesar de las denuncias reiteradas de diversas organizaciones sobre inminentes violaciones a los derechos humanos y la exigencia ciudadana para que se abriera el diálogo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia.
Las organizaciones firmantes, entre las que destacan Artículo 19, Fundar y Dará Cívica, rechazaron “enérgicamente las propuestas legislativas promovidas por el Poder Ejecutivo Federal que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia estatal“.
También te puede interesar: Diputados reciben Ley Antilavado
Estas reformas legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones.
Además, se eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
La vigilancia ilegal y “abusiva” por parte de las fuerzas armadas, indicaron que “es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente y que se ha llevado a cabo selectivamente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos. En dichos casos, la impunidad es absoluta”.
También te puede interesar: Aprueba Senado nuevas atribuciones para Contraloría de la Cámara de Diputados
organizaciones dicen no a las operaciones encubiertas
Otro de sus señalamientos es que “las leyes también autorizan a que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, a pesar de que apenas en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó que realizara ese tipo de labores, por considerar que se trataba de una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas, violar los derechos a la privacidad y a la no incriminación, y que era desproporcionada con relación a los beneficios que se obtendrían”.
La aprobación de estas reformas en materia de Guardia Nacional consideraron las organizaciones que “es parte de un paquete de iniciativas que se abordarán en el Congreso de la Unión durante el periodo extraordinario, para las cuales tampoco se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto. Cada una de ellas, y por lo que implica si se implementan en conjunto, representan una amenaza directa para los derechos humanos”.
