Redacción
Durante la cuarta etapa de intervención en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, Morelos, la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de 85 restos humanos, entre ellos seis correspondientes a bebés y uno de carácter fetal. El operativo, realizado entre el 26 de mayo y el 13 de junio de 2025, fue presentado como una diligencia desarrollada bajo lineamientos legales, con la participación de especialistas forenses y representantes de diversas instituciones.
No obstante, los resultados difundidos por la Fiscalía difieren de manera significativa con los datos recabados por integrantes de colectivos de búsqueda, quienes asistieron como observadoras durante toda la jornada. De acuerdo con sus reportes, en esta etapa se habrían recuperado más de 60 cuerpos completos, incluidos más de 10 mujeres y al menos una decena de bebés, así como numerosos restos óseos fragmentados.
Aunque el fiscal Edgar Maldonado insistió en que la fosa no es clandestina y que su uso data de años anteriores, cuando la entonces Procuraduría del estado inhumaba cuerpos sin peritajes adecuados, los colectivos denunciaron fallas importantes durante el proceso. Señalaron días en los que no estuvieron presentes especialistas forenses ni personal de seguridad, lo cual contradice la versión oficial que asegura una participación continua de la Guardia Nacional y otras autoridades.
Previo a la presentación del informe final, la Fiscalía reconoció en un comunicado algunas de las omisiones señaladas, entre ellas la falta de perfiles técnicos completos en campo. También se comprometió a reforzar la siguiente etapa con la inclusión de peritos independientes y mayor supervisión.
De los 83 indicios localizados, la FGE indicó que aún se requieren estudios genéticos y antropológicos para determinar cuántas personas representan. Por su parte, la intervención fue ampliada una semana más ante el número de hallazgos, pero fue suspendida el 19 de junio debido al riesgo estructural de una barda perimetral y las condiciones meteorológicas adversas. La reanudación dependerá de la evaluación de seguridad en el sitio.
En cuanto a la actuación del Coordinador General de Servicios Periciales, el fiscal defendió su permanencia, pero advirtió que cualquier incumplimiento será sancionado. Reiteró que la labor continuará en coordinación con familiares de personas desaparecidas, aun cuando ello implique un desgaste institucional.
