La reciente aprobación en el Senado de la República de una reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre –que prohíbe el uso de mamíferos marinos como delfines, orcas y lobos marinos en espectáculos públicos– ha generado reacciones divididas entre autoridades, ambientalistas y representantes de la industria del entretenimiento con fauna en cautiverio.
La reforma, conocida como Ley Mincho en memoria de un delfín que murió en un hotel de la Riviera Maya tras estrellarse contra el muro de su estanque, busca establecer un sistema obligatorio de trazabilidad para cada ejemplar y prohibir su reproducción forzada, salvo en casos justificados por fines científicos o de conservación.
MAMÍFEROS EN CAUTIVERIO
Con 17 delfinarios y aproximadamente 240 ejemplares, Quintana Roo concentra cerca de 80 por ciento de estos mamíferos en cautiverio en el país, lo que convierte al estado en uno de los principales escenarios para la aplicación de la nueva normativa aprobada.
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El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) en la entidad, Óscar Rébora Aguilera, celebró el avance legislativo y lo calificó como “un logro por el que se ha luchado durante años”, aunque reconoció que su implementación aún enfrenta retos significativos.
Explicó que la legislatura no ordena el cierre inmediato de los delfinarios, pero sí prohíbe que los animales sean usados en espectáculos, pues el objetivo es transitar a santuarios, aunque aún no existen las instalaciones adecuadas.
ACTIVISTAS DUDAN
Organizaciones defensoras de los derechos animales recibieron la reforma con escepticismo.
Karla Munguía Colmenero, ambientalista y embajadora en México del documental Keiko: The Untold Story of the Star of Free Willy, fue tajante: “Es la quinta vez que escucho esto en diez años. No les creo nada, no celebro nada hasta que no vea que suceda”.
Munguía Colmenero, una de las voces más críticas contra los espectáculos con fauna marina, recordó que reformas similares en el pasado no han derivado en cambios reales para los animales. Además, advirtió que el texto aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados y pasar por la promulgación federal, etapas donde otros intentos han quedado estancados.
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Por su parte, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR), que concentra a los centros donde se encuentran los delfines, señaló que la reforma no implica el cierre de delfinarios existentes, siempre y cuando estén registrados conforme a la ley.
CASO MINCHO
En mayo pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura total definitiva del recinto Dolphinaris Barceló, operado por Acuario Arrecifal, S.A. de C.V., debido a graves irregularidades en el manejo de ejemplares de vida silvestre, especialmente delfines, entre ellos el caso de Mincho.
La sanción incluye una multa de 7 millones 526 mil 240 pesos y la colocación de sellos visibles de clausura.
En México, hay más de 350 delfines en cautiverio, que viven en pequeñas piscinas, obligados a realizar espectáculos diariamente, en condiciones que afectan gravemente su salud.
En el país no existe un conteo de estos mamíferos que están actualmente en cautiverio.
