La reforma electoral que prepara el gobierno morenista pretende reducir el número de diputados y senadores plurinominales, reducir o incluso desaparecer el financiamiento público a los partidos y que los consejeros electorales sean electos en votación popular.
Tal reforma, si se llega, primero a construir y después se aprueba, eliminaría o limitaría en grado sumo la participación de los partidos de oposición en futuras elecciones y, desde luego, en las Cámaras de Diputados y de Senadores.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, lleva meses anunciando que tal reforma sería la siguiente medida de control que Morena aplicaría después de la llamada elección del Poder Judicial.
Ahí están las entrevistas del senador tricolor, en las que advierte que reducir o desaparecer el financiamiento público a los partidos políticos implicaría su aniquilación pues todos, incluidos Morena y socios, sobreviven de las subvenciones públicas.
Morena no tendría problema si se reduce al mínimo el financiamiento público pues, al gobernar 23 entidades federativas (junto con el Verde) y tener el control del Ejecutivo federal, los recursos le seguirían fluyendo de manera natural.
Igualmente, la eliminación de los diputados o senadores por la vía plurinominal, implicaría la muerte de la oposición en el Congreso.
La iniciativa anunciada por una Presidenta molesta por la división que existe en el INE, tendrá como base el mismo documento que presentó en abril del 2022 López Obrador.
El tabasqueño aseguró que su proyecto de reforma buscaba ahorrar al país 20,000 millones de pesos (se entiende que anualmente), lo que será la base para la campaña que Morena montará para justificar su embestida al INE y a la oposición.
Tiene su sentido acudir a los “costos’’ de los partidos políticos, desde luego, pero más allá de la simpleza del cálculo monetario está el altísimo costo democrático que pagará el país de concretarse una reforma de ese calado.
Morena (antes PRD y un basto pedazo del PRI), nunca quisieron debatir en serio la reducción de los presupuestos a los partidos políticos y menos concretar la reducción de los legisladores plurinominales.
Hoy se pretende, sin embargo, pasar del partido hegemónico, papel que ejerció el PRI durante 70 años, al partido único.
Ojo.
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Parece que la Presidenta no estuvo contenta con el hecho de que en el INE se quedaron a un solo voto de declarar nula la elección judicial y por ello buscará, como lo hizo López Obrador en su momento, colocar a sus afines dentro del Instituto.
Si ya de por sí las decisiones tomadas por la mayoría del INE han sido cuestionadas, ¿qué más se podría hacer para terminar de colonizar al Instituto que fue modelo para muchos países en el mundo?
Otra elección extraordinaria, probablemente simultánea a la elección intermedia del 2027.
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Los diputados del oficialismo concretaron el empoderamiento de las fuerzas armadas al aprobar la nueva Ley de la Guardia Nacional y cambios a otras nueve leyes relacionadas.
La Guardia Nacional ya será la Guardia Militar, así sin filtros, y podrá hacer labores de inteligencia (infiltración, intervención de comunicaciones, etcétera); responderá a un mando militar y sus malas acciones serán juzgadas por un tribunal militar.
Los militares también podrán solicitar una licencia para poder competir por cargos de elección popular (en una de esas hasta por la Presidencia) y, aunque en la Constitución se incluía esa posibilidad siempre y cuando el militar se separara del cargo tres meses antes de la licencia, ahora basta con el permiso del Secretario del ramo para dejar el uniforme verde olivo y ponerse saco y corbata.
@adriantrejo
