Redacción
La Cámara de Diputados avaló el dictamen que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de reconfigurar el modelo de seguridad ciudadana en México. El nuevo marco normativo plantea una estrategia integral centrada en la prevención, la inteligencia operativa y la profesionalización de los cuerpos policiales, a través de un enfoque coordinado entre los tres órdenes de gobierno.
Esta legislación propone una estructura funcional que permita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) operar con mayor eficacia, sustentada en criterios de colaboración interinstitucional, transparencia y resultados medibles. Además, establece mecanismos de evaluación presupuestaria para evitar el gasto inercial en seguridad y promueve la participación activa de la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de los recursos.
Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de un plan rector de formación policial. Este esquema incluye estándares de certificación, un régimen disciplinario actualizado y la creación de una política nacional de acreditación tanto para instituciones como para agentes. También se definió la obligación de alimentar registros nacionales con datos confiables, lo cual facilitará la interoperabilidad de los sistemas de inteligencia y mejorará la capacidad de respuesta ante los delitos.
La Guardia Nacional fue integrada formalmente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que le otorga certeza jurídica en su participación operativa y articula su actuación con otras corporaciones bajo el marco constitucional. Asimismo, se reconoce al Secretariado Ejecutivo del Sistema como un ente con mayor autonomía, capaz de modernizar procesos, crear centros especializados y responder a problemáticas locales específicas.
En materia de tecnología y vigilancia, se incluyó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil como herramienta para combatir delitos cometidos mediante el anonimato en las telecomunicaciones. La medida fue motivo de debate, pues algunos legisladores expresaron preocupaciones por la posibilidad de prácticas de vigilancia excesiva, mientras que otros defendieron su implementación como un instrumento para cerrar espacios a la criminalidad.
Durante la discusión parlamentaria, se presentaron posturas tanto a favor como en contra. Diputados de Morena, PVEM y PT destacaron la importancia del rediseño institucional para fortalecer a las corporaciones civiles de seguridad y establecer una estrategia nacional más efectiva. Por su parte, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron objeciones sobre el carácter centralista del nuevo modelo y los riesgos de militarización, además de cuestionar la rapidez con la que se procesó el dictamen, que supera las 480 páginas.
Pese a las críticas, el dictamen fue aprobado por mayoría. Las mociones suspensivas presentadas por legisladores de MC y PRI, que buscaban frenar su votación por presuntas irregularidades en el proceso legislativo, fueron rechazadas en votación económica.
