Redacción
Con mayoría de votos de Morena y sus aliados, el Senado de la República avaló la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La nueva legislación establece el uso obligatorio de la herramienta digital Llave MX para la realización de trámites gubernamentales, y contempla la inclusión de datos biométricos vinculados a la CURP como mecanismo de identificación oficial.
La norma fue respaldada por 75 senadores de Morena, PT y PVEM, frente a 37 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El dictamen se envió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El nuevo marco legal busca unificar, digitalizar y simplificar los trámites y servicios públicos en todo el país. A través de plataformas como el Portal Ciudadano Único y Llave MX, se pretende eliminar la intervención de gestores, así como reducir espacios de corrupción administrativa. El modelo se inspira en la experiencia de la Ciudad de México, donde ya se utiliza una versión de esta herramienta.
A pesar de estos objetivos, el dictamen reconoce que parte de la población carece de acceso a medios digitales para utilizar estas plataformas, lo que generó críticas entre legisladores de oposición.
Desde el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se expresaron preocupaciones sobre la recolección de datos biométricos, la falta de garantías para la protección de la información personal y la ausencia de un órgano autónomo como el INAI con capacidades fortalecidas. Señalaron también que la ley vulnera el Pacto Federal al imponer obligaciones a estados y municipios sin acuerdos de coordinación, y sin mecanismos de implementación paulatina.
Otro punto polémico fue el artículo que permite a la Agencia de Transformación Digital intervenir en procesos como la apertura de nuevos negocios, así como acceder a licencias de software, lo que, según legisladores de MC, podría contravenir disposiciones del T-MEC.
Aunque desde la bancada oficialista se argumentó que la herramienta facilitará el acceso a trámites en todo el país, sectores de la oposición alertaron sobre una posible vigilancia masiva y concentración de datos en manos del gobierno, sin suficientes controles ni supervisión independiente.
