Hace unos días, cuando en las comisiones del Senado se analizaba la nueva Ley de la Guardia Nacional y las reformas a 9 leyes relacionadas, una diputada de oposición advirtió a la mayoría morenista: “les están dando tanto poder (a los militares) que luego ni ustedes los van a poder controlar’’.
Y es que dentro de las propuestas de la nueva ley, hay dos, entre muchas, que vuelven a traer al centro del debate la militarización del país.
La primera, que los elementos de la Guardia Nacional, cuando cometan un delito, ya no serán juzgados por la justicia civil, como se planteó originalmente cuando se creó este cuerpo supuestamente policiaco, sino por los tribunales militares.
Es decir, con esta disposición se pone punto final a la farsa que representó una policía con entrenamiento militar, sujeta a un mando civil y a los tribunales civiles.
Esos fueron los argumentos esgrimidos por López Obrador en defensa de su creación.
Supuestamente, la Guardia Nacional estaría compuesta por los miembros de la extinta Policía Federal, pero en realidad son militares y marinos convertidos en policía, pero sin el entrenamiento que deberían tener para atender labores de policía.
La ley en vigor exige que los integrantes de la Guardia Nacional reciban adiestramiento policial, pero la nueva ley deja claro que el entrenamiento será militar.
El otro tema es el de la posibilidad de que los militares en funciones puedan competir por un cargo de elección popular, situación que está prohibida legalmente.
Es cierto que el PRI y en su momento el PRD tuvieron entre sus filas a diputados surgidos de las Fuerzas Armadas, pero se trató de generales en retiro, que servían más como enlace entre el Legislativo y el Ejército, principalmente.
El gobierno de la 4T ya entregó a las Fuerzas Armadas la construcción de las grandes obras emblemáticas del sexenio anterior; no solo eso, les cedió los derechos para que las administraran.
Eso pasó con el AIFA, con el Tren Maya y con la aerolínea Mexicana de Aviación.
A los marinos les entregó la administración de las aduanas y los aeropuertos.
Ahora los pretende llevar al Congreso, concediéndoles no un reconocimiento, sino un poder que no tuvieron desde su fundación y que podría, más temprano que tarde, fracturar las propias estructuras militares y detonar un problema social indeseable.
Inimaginable.
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La advertencia de la CNTE, “de aquí no nos vamos con las manos vacías’’, hecha durante los plantones que enloquecieron a la CDMX hace unas semanas, se cumplió.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer los decretos por los cuales la edad de jubilación de los maestros y maestras del país se reducirá gradualmente hasta llegar, en el 2034, a 53 años para las mujeres y 55 años para los hombres.
Este acuerdo costará 36,000 millones de pesos del 2024 al 2030, según informó Mario Delgado.
La recompensa a los centistas elimina la reforma hecha por Felipe Calderón mediante la cual la edad de jubilación en el magisterio aumentaba gradualmente hasta llegar a los 58 años para las mujeres y 60 para los hombres a partir del 2028.
Así que, si su sindicato o gremio quiere obtener algún beneficio laboral, ya sabe con quién asesorarse.
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La agrupación política SomosMX, que busca su registro como partido, presentó ayer una impugnación y exigencia de nulidad de la elección judicial.
Los argumentos de su solicitud son similares a la impugnación presentada por el PRI y su líder, Alejandro Moreno, basadas en la evidencia de la orientación del voto a favor de candidatos previamente elegidos.
Son dos peticiones de nulidad, pero vienen más.
@adriantrejo
