Redacción
El caso de Sasha Sokol podría marcar un antes y un después en el acceso a la justicia para víctimas de abuso sexual infantil en México. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto que propone eliminar cualquier plazo legal para que las personas sobrevivientes de este tipo de violencia puedan presentar demandas por daño moral, incluso décadas después de los hechos.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará ante la Primera Sala un proyecto de sentencia en el que plantea confirmar y ampliar la condena civil contra el productor Luis de Llano, quien fue demandado por la cantante tras haber revelado una relación que, según Sokol, fue abusiva y ocurrió cuando ella tenía 14 años. El proyecto subraya que las víctimas de abuso infantil suelen tardar años en identificar el daño y tener las condiciones emocionales para denunciarlo, por lo que imponer plazos legales vulnera sus derechos.
En 2022, Sokol respondió a una entrevista en la que De Llano habló sobre la relación que mantuvieron cuando ella era menor de edad. La cantante denunció públicamente que fue víctima de manipulación y abuso, y más tarde presentó una demanda civil por daño moral. Un juez determinó que la relación fue ilícita y asimétrica, y que las declaraciones del productor la revictimizaron. Se le ordenó ofrecer una disculpa pública, pagar una indemnización y tomar un curso en prevención del abuso sexual.
El productor impugnó la sentencia argumentando que los hechos habían prescrito, que la víctima no acreditó el daño con pruebas periciales y que el tribunal había actuado con sesgo. El caso fue atraído por la Corte y, de avalarse el proyecto del ministro Pardo, se establecería jurisprudencia obligatoria que permitiría a otras víctimas de abuso infantil demandar por la vía civil sin importar el tiempo transcurrido.
El documento destaca que el abuso sexual contra menores deja secuelas profundas que no desaparecen con el tiempo, y que las víctimas enfrentan obstáculos emocionales y sociales que dificultan la denuncia. Por ello, la propuesta considera que aplicar plazos de prescripción en estos casos contraviene derechos fundamentales como la integridad, la seguridad sexual y el acceso efectivo a la justicia.
De ser aprobado por al menos cuatro de los cinco ministros de la Primera Sala, el criterio propuesto por Pardo Rebolledo tendría efectos vinculantes en todo el país y cambiaría el tratamiento legal de la violencia sexual infantil en el ámbito civil.
