Redacción
Durante los primeros meses del año, el Poder Judicial del Estado de México emitió 179 resoluciones para otorgar beneficios preliberacionales a personas privadas de la libertad, al extinguir las penas impuestas o dar por cumplidas sus condenas. Entre estas resoluciones, se encuentran los recientes casos de dos mujeres que obtuvieron su libertad, luego de demostrar un compromiso firme con su reinserción social.
Maribel, de 40 años, accedió a la libertad anticipada tras haber cumplido cinco años y medio de una sentencia de seis años y seis meses por el delito de violación equiparada cometido en 2004. En un primer momento fue liberada, pero posteriormente reaprehendida y sentenciada por el mismo hecho. Durante su estancia en el penal, concluyó sus estudios de secundaria, comenzó la preparatoria y participó activamente en programas educativos. Al recuperar su libertad, expresó su deseo de reconstruir su vida en compañía de su familia.
Este tipo de beneficio legal contempla la posibilidad de que las personas condenadas puedan salir antes de concluir su sentencia, siempre que hayan cumplido al menos el 70% de la pena, mantengan buena conducta, hayan cubierto la reparación del daño y no representen un riesgo para la víctima o la sociedad. La decisión queda en manos de un juez de ejecución, quien evalúa el cumplimiento de estos requisitos.
Por su parte, Anael, de 30 años, obtuvo la libertad condicional tras cumplir siete años y ocho meses de una sentencia superior a los 14 años, luego de ser detenida junto a su pareja en un vehículo que tenía reporte de robo. A lo largo de su reclusión, mantuvo un desempeño positivo en su tratamiento penitenciario, colaborando con áreas de atención psicológica, criminología, trabajo social y educación. Su prioridad ahora es reencontrarse con sus tres hijos y apoyar a su madre.
La libertad condicional permite que las personas continúen su proceso de reintegración social fuera del centro penitenciario, siempre que cumplan con condiciones estrictas como mantener contacto con las autoridades judiciales, cumplir un plan de actividades y solicitar autorización para cualquier cambio de residencia.
