La detención de un camarógrafo que cubría un operativo federal en Tequila, Jalisco, por parte de la Policía local, reavivó la controversia en torno a que el alcalde morenista, Diego Rivera Navarro, se apropió y utilizó como su residencia el Museo Nacional del Tequila (Munat), en ese Pueblo Mágico.
De acuerdo con los primeros reportes, José Alberto García, cubría una acción de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional en el citado recinto. Sin embargo, agentes municipales lo esposaron, lo agredieron, le quitaron su equipo y lo llevaron preso por un par de horas, el miércoles martes.
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El alcalde dijo desconocer quién había dado la orden y aseguró que emitiría un comunicado más tarde. No obstante, eso no ha sucedido.
Luego del operativo, la Fiscalía de Jalisco, aseguró este jueves que la investigación que se lleva a cabo en contra el alcalde, respecto al Munat, está a cargo de la FGR.
Explicó que el recinto fue cateado, luego de que el presidente municipal morenista lo cerrara arbitrariamente desde octubre pasado, presuntamente para su remodelación, y que ante la falta de transparencia en el caso, se inició una denuncia ante las instancias federales.
SE HABÍA APODERADO DEL MUSEO: LEMUS
Más tarde, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el operativo de la FGR y la Guardia Nacional obedeció a que el alcalde Diego Rivera, ya se había apropiado del Museo del Tequila, que es un edificio con valor patrimonial y propiedad del Gobierno del estado, cedido en comodato.
Explicó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia solicitó la medida. Aunque no hay pruebas de que el alcalde ya viva en ese inmueble del centro del Pueblo Mágico, él mismo hizo modificaciones que alteran su naturaleza y deberá responder por ello.
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También se informó que las autoridades municipales del Pueblo Mágico enfrentarán sanciones por las modificaciones al Munat.
FGR SEGUIRÁ CASO DE COMUNICADOR
Se conoció que será la misma FGR quien inicie las averiguaciones por la detención del camarógrafo.
El coordinador general estratégico en Seguridad del estado, Roberto Alarcón, explicó que el caso es atendido por el área especializada en libertad de expresión de la Fiscalía General de la República.
