Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, condenó la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sobre la orden de pago de impuestos de 2 mil millones de pesos; la calificó como ilegal.
Este 19 de junio, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad de tres magistrados que Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, tiene que pagar un adeudo fiscal por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al año 2012, que asciende, con actualizaciones y recargos, a 2,000 millones de pesos.
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Lo anterior se da ante el caso de litigio que se mantenía desde hace 5 años, por parte de Grupo Elektra, por la omisión del pago de dichos impuestos.
Desde entonces, la defensa de la empresa de Salinas Pliego había intervenido para evitar la determinación de la orden de pago al argumentar —con escritos presentados ante la última hora— que los magistrados estaban actuando sin imparcialidad.
Sin embargo, el Tribunal Colegiado los desechó al señalar que solo pretendían dilatar el dictado de la sentencia.
En tanto que ordenó a Grupo Elektra el pago de los 2 mil millones de pesos, aunque el fallo se pueda impugnar ante una tercera instancia, es decir, que se pueda llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Cuartoscuro |
Postura de Grupo Salinas
Por otro lado, dicha resolución al parecer no resultó del agrado de la empresa, ya que este viernes 20 de junio emitió un comunicado a través de su red social en X.
En el comunicado, el conglomerado calificó la resolución como:
“Ilegal”, pues refirió que se omitieron “intencional y dolosamente” disposiciones de la Ley del ISR vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal.
Asimismo, sentenció que se violó el debido proceso, ello, al negarse el amparo sin remitir el caso a otro tribunal, pese a supuestos impedimentos procesales.
No obstante, Grupo Salinas señaló que el sesgo del tribunal confirma una “postura alarmante”, ya que, aun con pruebas, la postura que prevalecerá será a favor del SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros excesivos y arbitrarios.
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Pasos legales que siguen
Ante dicha situación, la firma informó que impugnará la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que hay clara violación a la legalidad y parcialidad judicial.
“Frente a juzgadores parciales”, seguiremos defendiéndonos de los cobros abusivos que pretenden imponernos […] Una vez notificada formalmente la sentencia, acudiremos al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional. Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias”.
