Grupos disfrazados de sindicatos aterrorizaron colonias del Estado de México con usurpación de viviendas, amenazas y violencia impune que busca tener fin.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha dado un paso significativo en el combate a delitos relacionados con el despojo, secuestro y extorsión en la entidad, al lograr la vinculación a proceso de 73 personas presuntamente involucradas con grupos delictivos que operaban bajo la fachada de sindicatos y organizaciones sociales.
Entre los implicados figuran 15 líderes de agrupaciones como “USON”, “GOPEZ”, “Unión 300”, “Sindicato 22 de octubre” y “Los Gastones”, los cuales habrían participado en tomas ilegales de viviendas, predios y naves industriales. Las indagatorias revelan que estas estructuras criminales actuaban con violencia y amenazas para apoderarse de inmuebles, cobrando “cuotas” a sus legítimos propietarios o arrendatarios.
Vecinos afectados en municipios como Tecámac, Zumpango y Texcoco han relatado escenas de terror: irrupciones nocturnas, amenazas de muerte, agresiones físicas y saqueos. “Nos gritaron que si no entregábamos la casa, mataban primero a mis hijos”, narró una víctima cuya identidad se mantiene reservada por seguridad. Otra vecina de Texcoco señaló: “Vivimos con miedo, no sabíamos si eran criminales o funcionarios”.
Una de las detenciones más relevantes fue la de 42 personas, presuntos integrantes del grupo “Los Souverbielle”, quienes fueron capturados tras allanar una vivienda en Texcoco. Entre gritos, amenazas y con armas en mano, expulsaron a la inquilina y saquearon el inmueble. Los detenidos fueron ingresados a los penales de Nezahualcóyotl y Ecatepec; además, ocho adolescentes también fueron presentados ante la Fiscalía, aunque fueron liberados bajo reservas de ley.
El avance de la operación “Restitución” ha sido celebrado por sectores ciudadanos, pero también ha dejado al descubierto la profunda debilidad institucional que permitió por años que estas mafias operaran con total impunidad, protegidas bajo sellos de sindicatos o grupos de “gestión social”.
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