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Un cúmulo de organizaciones y excandidatos impugnaron la elección judicial en la que se designó a jueces, magistrados y ministros y pidieron su anulación.

Este jueves, se presentaron las organizaciones en el Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar nueve demandas, con lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que analizar sus argumentos.

“Hoy impugnamos la elección judicial. Hubo una operación de Estado que no solo influyó, sino que determinó el resultado de todos los puestos nacionales, por ello, exigimos que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte invaliden los resultados de la elección”, indicó Miguel Alfonso Meza, de Defensor@s.

Foto: Cuartoscuro  

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El objetivo es anular las elecciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, es decir, los cargos nacionales que se eligieron el pasado 1 de junio.

Señaló que “es una demanda de más de 300 páginas y 200 pruebas donde se demuestra que existió una operación sistemática desde el oficialismo para coaccionar el voto de la ciudadanía e imponer a los candidatos oficiales”.

Resaltó que “el 100% de los candidatos que estaban en los acordeones de la presidencia ganaron la elección: 9 ministros de la SCJN, 5 magistrados del Tribunal del Disciplina y 2 del Tribunal Electoral”.

Las organizaciones consideran que “el resultado de la elección fue determinado por una intervención ilegal, por ello, el resultado debe invalidarse. También impugnamos otras irregularidades en todo el proceso de la elección”.

Meza detalló que entre las anomalías están las fallas en la evaluación de candidatos (al menos 26 candidatos altamente riesgosos), un inicio del proceso sin reglas y la “ausencia de mecanismos ciudadanos para vigilar la elección y garantizar la libertad del voto, debido a que los ciudadanos no contaron, los candidatos no tenían representantes en las casillas”.

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Otra de las irregularidades es la “inequidad en el voto (el de un ciudadano de la Ciudad de México pesa cinco veces más que el de uno en el Estado de México.

Aseveró que “no solo buscamos la invalidez de la elección, también buscamos fijar un precedente y que no se permita nunca más en la historia de México que exista una elección de Estado, donde sea la presidencia, y no la ciudadanía, el verdadero elector de los ganadores”.

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