Lilia González
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la LXII Legislatura aprobó la propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para reconocer en la ley a las masculinidades corresponsables y contribuir para que dentro del sector educativo se promuevan medidas para erradicar el machismo, la misoginia, la homofobia y los discursos de odio.
El coordinador parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez señaló que en los últimos 10 años se han registrado más de 834 feminicidios contra menores de 17 años, de ahí la importancia de promover el respeto desde las aulas.
“Para el PRD es importante terminar con la brecha de violencia que se sufre por la desigualdad, la falta de empatía, el odio, discriminación, machismo y sexismo, basándose principalmente por un tema de masculinidad negativa”, sostuvo.
En el decreto se establece que serán reconocidas como masculinidades corresponsables las conductas que promueven una expresión constructiva de corresponsabilidad amplia, diversificada, plural y abierta en las personas, así como la empatía, la igualdad de trato, la participación responsable e igualitaria en todas las actividades y el respeto a la dignidad.
Por otra parte, la comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera infancia, avaló incorporar en la Ley el principio de mínima intervención y el de no revictimización en juicios en los que participen menores de edad como víctimas o testigos.
“Como legisladores tenemos el deber moral de garantizar que ningún menor reviva su dolor para obtener justicia. Con su aprobación estamos enviando un mensaje claro de que este Congreso escucha, entiende y actúa en defensa de la infancia, los menores necesitan justicia, pero también empatía y protección”, señaló la diputada proponente Krishna Karina Romero Velázquez (PAN).
La aprobación del decreto establece que la actuación judicial o administrativa debe ser sensible, proporcional y protectora de la dignidad e integridad de la niñez; se limitará al mínimo indispensable la participación de los menores en los procedimientos judiciales para que no se les exponga innecesariamente ni se les obligue a revivir hechos traumáticos; y se adoptarán medidas concretas que eviten nuevas afectaciones emocionales, adecuando los procedimientos a su edad, madurez y contexto.
