En la Ciudad de México, el 60 por ciento de robos con violencia se cometen con motocicletas, por lo que resulta necesario analizar su uso, para evitar que sean utilizadas en hechos delictivos, alertaron diputados.
En foro de parlamento abierto en materia de regulación del uso de motocicletas, el diputado local del PAN, Mario Sánchez, alertó que la motocicleta, herramienta legítima de movilidad y empleo, se ha convertido en el vehículo perfecto para la huida en hechos delictivos. “De acuerdo con carpetas de investigación, seis de cada 10 robos con violencia involucran motocicletas”, entre ellas, unidades que previamente fueron robadas, informó.
Al respecto, refirió que en el primer trimestre de 2024 se denunciaron 641 robos de motocicleta, mientras que en el mismo periodo de 2025 el número ascendió a 754, lo que representa un aumento del 18 por ciento.
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Detalló que más de 2 millones de unidades no figuran en ningún padrón nacional y en la capital hasta una de cada tres circula sin registro confiable. “Ese hueco habilita la clonación de placas y el intercambio de chasís”, alertó.
Por ello, puso a consideración en el debate la implementación de placa frontal con QR indeleble para motocicletas, padrón digital actualizado y bloqueo electrónico a reincidentes.
Por su parte, el diputado federal del PAN, Miguel Guevara, refirió que en los últimos cuatro años, 8 mil 604 motos se vincularon a delitos en la Ciudad de México. “La ley no se ha actualizado desde 1995, tenemos un marco normativo obsoleto que no permite identificar esto como un problema de seguridad”, afirmó al advertir que una moto sin identidad es una herramienta para huir en el anonimato y delinquir.
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Entre algunas propuestas, el legislador planteó la implementación de herramientas tecnológicas como micro-dots, chips NFC y QR láser VIN, que permitan el rastreo o bloqueo de vehículos utilizados en delitos.
Como dato adicional, se destacó que en los últimos tres años se han enviado al Congreso 10 iniciativas referentes a este tema, de las cuales 6 han venido de la sociedad civil, 2 del ejecutivo y dos de los grupos parlamentarios. Todas coinciden en dotar a cada moto de identidad verificable y diferenciar al usuario cumplido del infractor.
