El proyecto del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, de facilitar la compra de viviendas a quienes las invadan, además de memes, generó preocupación por tratarse de un atentado al derecho a la propiedad privada.
Romero dijo que quienes invaden una casa no serán desalojados sino que, por el contrario, se buscará un acuerdo para que puedan adquirir esa vivienda de forma reglamentaria a un precio accesible.
Evidentemente que la declaración del funcionario encendió las alarmas, sobre todo cuando en el Valle de México, principalmente en la CDMX y el Estado de México, se han constituido mafias poderosas que se dedican precisamente a despojar de bienes inmuebles a sus legítimos propietarios.
Romero Oropeza cometió dos ligerezas en su anuncio:
No aclaró que se trata solamente de las casas asignadas por el Infonavit y no midió el efecto de su declaración en el entorno arriba descrito.
Ya la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trató de enmendarle la plana ayer al hacer esa y otras precisiones.
Y aunque la intención del Gobierno federal de atender la demanda de vivienda es legítima, el mecanismo anunciado por Romero Oropeza valida y podría decirse que hasta promueve la invasión de viviendas, un problema cuyas consecuencias deberíamos aprender de España.
Por años, España ha padecido un movimiento llamado “Okupa’’, que no es otra cosa que la invasión de propiedades privadas.
Tan solo en el 2024, España registró 16,426 casos de ocupación ilegal de inmuebles que tenían dueño, un aumento del 7.4% respecto al 2023.
Hay dos tipos de invasión en España: el allanamiento, que no es otra cosa que invadir una vivienda habitada y la usurpación, que es apropiarse de una vivienda desocupada.
Cuando el allanamiento es denunciado de inmediato, la Policía puede desalojar a los “okupas’’ sin necesidad de un juicio.
El problema es cuando se trata de una usurpación, pues no se puede desalojar a los invasores ya que la ley les garantiza un juicio que puede durar meses o años (dependiendo de la complejidad del caso) que tenía que costear el legítimo propietario.
Hubo verdaderas tragedias por esta ley permisiva, hasta el 3 de abril pasado, que entró en vigor una reforma legal con la cual se fijó como plazo máximo 15 días para la resolución de un caso de usurpación.
En España van saliendo de ese problema y nosotros entrando de lleno con los dos pies.
Romero Oropeza olvida además que el dinero del Infonavit no es del gobierno, sino de los trabajadores, por lo que antes de lanzar su plan debió consultarlo con empresarios y sindicatos.
****
A propósito de la columna del lunes anterior con el título “Compras: más de lo mismo’’, Adolfo Salame Mussali, representante legal de la empresa Traxion, nos hizo llegar una carta en ejercicio de su derecho de réplica.
En la misiva, Salame asegura que la empresa no tiene ninguna relación con Marcelo Ebrard.
“Traxion es la única empresa del ramo de carga y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores por lo que se encuentra sujeta a las más estrictas regulaciones y verificaciones de entidades nacionales e internacionales.
“Desde su constitución en 2011, Traxion ha actuado con pleno apego a la normatividad aplicable en cada una de las licitaciones gubernamentales en las que ha participado y no ha recibido señalamientos de irregularidad por parte de la Auditoría Superior de la Federación ni de ninguna otra entidad fiscalizadora’’.
@adriantrejo
