En una ciudad con 9.2 millones de habitantes, 2.3 millones de población flotante y una complejidad dada por factores vehiculares, climáticos o tentativas delictivas, el reto no es ver, sino observar a tiempo.
La Ciudad de México lo asume, y además de mirarse a través de 83 mil 414 cámaras inicia una nueva fase de vigilancia urbana: la videovigilancia mixta, la cual se construye desde la colaboración con un sector empresarial comprometido.
El acuerdo entre el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) abre la puerta para conectar a la red pública las cámaras de más de cinco mil establecimientos comerciales.
Coordinación e integración de capacidades: en caso de una emergencia dentro o en las inmediaciones de los negocios, el C5 podrá acceder en tiempo real a las imágenes de esas cámaras. Esto representa una ampliación significativa en la capacidad de monitoreo y reacción.
La estrategia se ubica en la lógica impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que coloca a la videovigilancia como pieza central, con la proyección de crecimiento a 150 mil cámaras para el 2030 y la suma de voluntad de particulares y empresarios como Diego Cosío Barto, presidente ejecutivo de la ANTAD, quien define esta herramienta como “elemental” en la evolución de la seguridad.
En Londres, las cámaras de establecimientos privados pueden integrarse a los sistemas de monitoreo distritales mediante esquemas autorizados por el ayuntamiento. Nueva York opera un modelo donde bancos, hoteles y comercios comparten señales de video con el NYPD. Sao Paulo impulsa un programa que permite a cualquier ciudadano o negocio compartir voluntariamente su transmisión al centro de vigilancia del municipio.
La CDMX se suma a esta tendencia donde lo comunitario ayuda a construir un “nosotros” vigilante redistributivo de la responsabilidad del bien común, una forma de “acción concertada” en lo que la filósofa alemana Hannah Arendt entiende como el poder emergente desde distintos actores —Estado y sector privado— corresponsables de un mismo espacio público. No se privatiza la vigilancia, sino se amplía el perímetro del cuidado colectivo.
En una ciudad con un promedio diario de 10 manifestaciones, embotellamientos viales, precipitaciones pluviales y sus consecuencias —árboles caídos, encharcamientos, inundaciones—, así como la operación delictiva, la atención se puede definir oportunamente por una imagen captada desde el negocio de la plaza comercial.
La estrategia revela fortalecimiento en la conexión entre empresarios y gobierno bajo la noción de la seguridad como responsabilidad colectiva.
@guerrerochipres
