Redacción
El gobierno local de Los Ángeles implementó un toque de queda en una zona céntrica de la ciudad tras varios días de protestas, saqueos y enfrentamientos. La alcaldía argumentó que esta decisión busca contener la escalada de incidentes que surgieron tras las recientes redadas migratorias llevadas a cabo por autoridades federales.
La medida restringe la movilidad entre las ocho de la noche y las seis de la mañana en un área que ha concentrado gran parte de las manifestaciones. Aunque exime a residentes, periodistas, personas sin hogar y personal de emergencia, el toque de queda refleja una respuesta directa al creciente desorden y a los daños reportados en más de veinte establecimientos.
Al mismo tiempo, tropas de la Guardia Nacional y marines se desplazaron a la ciudad con la instrucción de apoyar operaciones federales, especialmente en materia migratoria. Esta expansión de funciones incluyó protección a agentes durante arrestos y asistencia logística, sin atribuciones plenas de arresto. La decisión se tomó sin coordinación con las autoridades estatales ni locales, lo que generó cuestionamientos por parte del gobernador Gavin Newsom y funcionarios de seguridad pública.
La creciente presencia militar ocurre bajo una narrativa de urgencia promovida desde el gobierno federal. El presidente Donald Trump insinuó la posibilidad de activar la Ley de Insurrección, que permite el despliegue de fuerzas armadas en suelo estadounidense bajo ciertas circunstancias. La administración federal presentó estas acciones como necesarias ante lo que considera una amenaza al orden, mientras que líderes estatales y locales acusaron al presidente de intensificar tensiones sociales con fines políticos.
Las manifestaciones se originaron tras una serie de arrestos migratorios realizados en distintos puntos de la ciudad. En respuesta, grupos de manifestantes bloquearon autopistas, incendiaron vehículos y confrontaron a las fuerzas del orden. A pesar de que algunas concentraciones posteriores se desarrollaron de forma pacífica, el saldo acumulado incluyó decenas de arrestos, agentes lesionados y múltiples incidentes de vandalismo.
El gobernador Newsom presentó una moción en tribunales para frenar el uso de tropas en funciones que corresponden a las autoridades civiles, mientras congresistas californianos denunciaron una instrumentalización de la seguridad nacional. Los altos costos del despliegue también fueron puestos bajo escrutinio, en un momento donde la ciudad enfrenta desafíos económicos y sociales de gran escala.
La situación en Los Ángeles alcanzó proyección nacional, con réplicas de protestas en otras ciudades importantes del país. Las consecuencias de este despliegue, tanto políticas como legales, podrían definir una etapa de fuerte confrontación entre los niveles federal y estatal en torno al uso del poder militar dentro del territorio estadounidense.
