Redacción
La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión judicial, adoptada por unanimidad, avaló lo dispuesto previamente por la Cámara de Casación Penal y dejó firme una pena de seis años de prisión por defraudación al Estado a través de contratos de obra pública. También se dispuso el decomiso de una suma millonaria en pesos argentinos.
El expediente judicial se centra en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El tribunal determinó que existió un esquema de direccionamiento de contratos y sobreprecios en perjuicio del Estado.
A partir de este fallo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá definir cómo se implementará la condena. Existen versiones que indican que la exmandataria podría cumplir prisión domiciliaria debido a su edad, aunque no hay confirmación oficial. Cristina Fernández manifestó su rechazo a la sentencia, que vinculó con una estrategia de persecución impulsada por sectores del poder económico.
La reacción política fue inmediata. Javier Milei celebró la resolución de la Corte y la describió como una muestra del funcionamiento institucional. Desde su cuenta oficial, el presidente cargó también contra periodistas a quienes acusó de haber montado campañas en favor de la exmandataria. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó en el mismo sentido y destacó que el proceso judicial se desarrolló con todas las garantías.
Por su parte, Cristina Fernández volvió a expresar su desacuerdo con el fallo y afirmó que no se trata únicamente de un tema judicial, sino también de una maniobra para limitar la participación del peronismo en la vida política. Desde la sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con dirigentes y simpatizantes, reiteró su postura crítica hacia el gobierno actual y defendió su trayectoria como dirigente.
El fallo generó un amplio despliegue de seguridad en las inmediaciones de la Corte Suprema, mientras se desarrollaban manifestaciones de respaldo a la exmandataria. Diversos sectores sindicales también anunciaron que podrían convocar a medidas de fuerza en caso de que se concrete su detención.
Este nuevo capítulo impacta en el escenario político del país. La condena deja a Fernández sin posibilidad de participar como candidata en las próximas elecciones, lo que modifica el mapa electoral del peronismo en la Provincia de Buenos Aires. La situación también reaviva el debate sobre el uso del sistema judicial en disputas políticas y la relación entre los distintos poderes del Estado.
