La crisis con la gestión interna en Estados Unidos de los millones de migrantes que el Gobierno del presidente Joseph Biden dejó pasar sin cumplir con las exigencias migratorias de seguridad nacional, tenía que estallar en alguna parte. Y fue Los Ángeles, donde la población migrante, sobre todo hispana, está a punto de alcanzar la mayoría poblacional.
El problema no fue el cumplimiento del compromiso de campaña del presidente Donald Trump de deportar a los migrantes ilegales, ciertamente con una parte muy grande de personas con pasivos judiciales y de seguridad. Pero el uso público de la migra para redadas en masa era lógico que encontrara resistencia en una población que ha usado la violencia racial como instrumento de protesta y de resistencia.
El uso de la fuerza física por parte de la policía, la aplicación de balas de goma y granadas agresivas y el envío de cuando menos 2 mil integrantes de la Guardia Nacional solamente escalara la violencia.
Los Ángeles y la zona conurbada podría decirse que es la capital de la república migrante, mexicana en su mayoría, y ahora con creciente presencia centroamericana. Quien haya visitado la zona tuvo que haber visto el área urbana donde existe mayor aglomeración de migrantes legales o ilegales y ahí es posible identificar las casas donde se fabrican documentos ilegales falsificados que luego se usan para trámites legales, como el Santo Domingo de Ciudad de México: pasaportes, visas, tarjetas de trabajo, licencias de manejo, entre otras, pero que constituye un delito flagrante.
Mandar a policías migratorios en bola a zonas comerciales a arrestar migrantes ilegales fue una invitación ingenua a la violencia de respuesta. Como referencia histórica están los disturbios violentos de 1992 cuando la población afroamericana angelina estalló la violencia por el caso de Rodney King.
El infierno vive en el paraíso.
Zona Zero
Mientras tanto, en México las hordas violentas de la Coordinadora disidente minoritaria de maestros se apoderaron de la capital de la República ante la pasividad de las autoridades que tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Los maestros violentos pactaron en secreto su retirada, sin ninguna averiguación… Y aquí se registra que mañana, 10 de junio, se recuerdan 53 años del halconazo, cuando un grupo paramilitar oficial atacó a una manifestación estudiantil en San Cosme. El presidente Luis Echeverría se comprometió a aclarar el incidente en dos semanas y es la hora en que esa violencia de Estado sigue impune.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
