Redacción
El Congreso del estado de Puebla avaló una reforma que permite nuevamente el encalado de árboles en zonas urbanas y suburbanas, una práctica considerada dañina por especialistas en arboricultura. La decisión se tomó pocos días después de que el gobernador Alejandro Armenta se viera envuelto en una controversia por aplicar cal a los troncos durante actividades comunitarias, a pesar de que la ley vigente en ese momento lo prohibía.
La iniciativa de modificación a la Ley de Arbolado Urbano y Áreas Verdes fue presentada por el diputado morenista Andrés Villegas Mendoza el 29 de mayo y recibió el respaldo de la mayoría legislativa apenas una semana después, el 5 de junio. La rapidez en el trámite generó críticas de organizaciones ambientalistas y ciudadanos, que la calificaron como una medida impulsada para justificar las acciones del gobernador.
La polémica inició el 25 de mayo, cuando el mandatario fue cuestionado por un reportero sobre el encalado de árboles en las faenas comunitarias que él encabeza. En ese momento, Armenta defendió la práctica, sin considerar que la normativa estatal vigente la prohibía desde su publicación en diciembre de 2024. Días después, el gobernador reconoció públicamente que la ley establecía dicha restricción y anunció su intención de promover una reforma que permitiera el uso de cal bajo ciertos lineamientos técnicos.
La modificación aprobada por el Congreso establece que la aplicación de cal podrá realizarse de manera regulada, con base en criterios científicos y ambientales definidos por la Secretaría de Medio Ambiente estatal. La norma considera también factores como el tipo de vegetación, las condiciones ecológicas y el clima de cada región.
A pesar de este nuevo marco legal, expertos y colectivos como la Asociación Mexicana de Arboricultura y el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) reiteraron su rechazo a la medida. Señalaron que el encalado carece de respaldo técnico y puede provocar daños a la salud de los árboles y al equilibrio del suelo.
Además, exigieron al Congreso y a los legisladores responsables la publicación de estudios que sustenten la conveniencia de esta práctica, así como la aplicación de sanciones a quienes promovieron el encalado antes de la aprobación de la reforma.
